La libertad de expresión en Ecuador mejoró desde Lenín Moreno

Guayas (Guayaquil) 14 de septiembre.- Presidente Lenín Moreno, presenció la Firma del convenio con la Conferencia Episcopal para uso de instalaciones a nivel nacional para formación técnica y tecnológica. Foto: Jonathan Mirenda/ Presidencia de la República.

Quito, 11 oct (EFE).- El relator especial de la ONU sobre libertad de expresión, David Kaye, cree que la situación en Ecuador «ha mejorado» desde que llego al poder Lenín Moreno, pero que «hay mucho trabajo que hacer» en el terreno legislativo y social para garantizar esa libertad y el ejercicio periodístico.

«Creo que la situación de la libertad de expresión y de prensa ha mejorado, creo que no hay duda, pese a que es mi primera visita (a Ecuador), de que es mejor de lo que era hace 15 meses», manifestó Kaye en una entrevista con Efe tras hacer públicas las observaciones preliminares sobre su visita al país desde el pasado día 5.

En la que es la primera visita que realiza al país un relator de la ONU para libertad de expresión desde noviembre de 2009, Kaye se ha entrevistado con autoridades, medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, organizaciones sociales y gremios, así como familiares del equipo periodístico quiteño secuestrado y asesinado por una disidencia de las FARC hace medio año.

Sus recomendaciones sentarán las bases de un informe sobre la situación en Ecuador que tiene previsto presentar en junio de 2019 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Interpelado sobre cuál es su visión preliminar de la libertad de prensa y expresión en el país andino, subrayó que «no hay duda de que hay un Gobierno en Ecuador que está promoviendo la libertad de expresión en los medios y está adoptando pasos genuinos para garantizar que los periodistas están en un mejor lugar».

Pero aclaró que «hay mucho trabajo que hacer», en el sentido de que no solo se debe garantizar que los periodistas tienen la protección de la ley para que el próximo Gobierno tenga las mismas obligaciones, «sino que también que la sociedad como tal y tras años de ver esa propaganda difundida por los medios, entiende el papel del periodismo».

Consideró que en el ámbito normativo la legislación vigente es más sencilla de modificar, pero que es más complicado cambiar la «cultura» sobre los medios de comunicación.

En su informe preliminar al término de su visita a Ecuador, Kaye concluye que en el país se estigmatizó y persiguió a periodistas, se debilitó a las organizaciones de la sociedad civil, y se limitó el acceso a la información, tratando a la libertad de expresión como un privilegio en lugar de un derecho individual garantizado en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Con todo, reconoce que el Ejecutivo de Moreno «ha prometido cambios».

Sugiere la eliminación de las restricciones a la libertad de opinión y expresión y, añade, que los funcionarios gubernamentales con los que se reunió «parecen reconocer que varias disposiciones de la ley ecuatoriana son incompatibles con la libertad de expresión tal como la garantizan los instrumentos internacionales de derechos humanos».

También aboga por la promoción de medios de interés público como las radios comunitarias y difusión verdaderamente pública, cuyos espectros no deberían entrar en competencia con las frecuencias de medios privados.

Asimismo promueve el periodismo independiente y la seguridad de los periodistas, con medidas destinadas a fomentar la desestigmatización del mismo y el apoyo al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas.

Otra de sus sugerencias es el fortalecimiento de la seguridad digital y la prohibición de la vigilancia digital de los periodistas y sus fuentes y el desarrollo de un código periodístico ético o mecanismo de autorregulación para la profesión, que sirva como plataforma asimismo para que la sociedad pueda elevar sus denuncias por mala praxis.

Kaye menciona que a pesar de que la Constitución protege el acceso universal a la información, ha recogido la falta de acceso a la misma en poder de las autoridades públicas.

Por último considera urgente la protección de derechos en línea y la promoción y protección de las organizaciones de la sociedad civil. EFE (I)

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