Audio filtrado revela la «debilidad institucional» del Ecuador, dice pareja de Paúl Rivas

Yadira Aguagallo

La pareja de uno de los miembros del equipo periodístico ecuatoriano asesinado en abril cree que la revelación de un audio del presidente Lenín Moreno de una reunión secreta de Gobierno es reflejo de una «debilidad institucional» en el país, pero también una oportunidad para desclasificar el caso.

«Esa es una reunión altamente secreta, una reunión privada en la que el presidente está rodeado de su gente de confianza, que además le entrega elementos para la toma de decisiones», dijo hoy a Efe Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, sobre el audio filtrado.

Y agrega que «si el Estado no puede proteger una reunión de ese tipo», cómo se podía esperar que «trajera a tres personas que estaban secuestradas con vida», o «a los otros dos ciudadanos» que fueron secuestrados después.

Se refería al audio difundido el martes por el portal «La Posta» de una reunión de Moreno con su Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), tras la crisis de los tres periodistas del diario El Comercio en la zona fronteriza con Colombia.

En el audio se oye al presidente decir que «la dignidad de un Estado va más allá» de las vidas de los periodistas asesinados en cautividad, lo que ha indignado a sus familiares porque consideran que se contradice con la voluntad que expuso repetidamente Moreno de negociar con los captores.

La Presidencia ecuatoriana confirmó la grabación, dijo que el audio estaba «descontextualizado» y aseguró que las declaraciones produjeron en una sesión del Cosepe el 17 de abril de este año, «días después de conocer el asesinato de los periodistas», lo que explicaría una postura más intransigente del mandatario.

Para aclarar el contexto, Moreno ha ordenado la desclasificación de toda la reunión, lo que para Aguagallo es «una oportunidad» porque hasta ahora las minutas de las reuniones de ese organismo eran secretas.

«Fundamentalmente (el audio) nos deja con un preocupación grande sobre cuál es el grado de la entrega de la información que nos da el Estado para realizar las investigaciones de lo que ocurrió y determinar responsabilidades a todos los niveles», explicó.

El secuestro del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Rivas y del conductor Efraín Segarra, se produjo a finales de marzo, pero ni hay fecha exacta de su captura ni los gobiernos de Ecuador y Colombia se ponen de acuerdo de qué lado de la frontera se produjo.

El caso es seguido por una comisión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero tampoco a ella le ha sido facilitada toda la información y su mandato expira el 31 de este mes.

Aguagallo instó hoy de nuevo al Gobierno ecuatoriano a prorrogar «unos meses» su mandato para que pueda completar el trabajo, después de que este anunciara de que no era necesario más tiempo.

Consternada por la falta de información y colaboración de su Gobierno, reconoció a Efe que el audio «ha causado una nueva sorpresa» y defendió que «esto nos da la pauta para reiterar nuestras exigencias de entrega de información».

El gobierno de Moreno confirmó el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico el 13 de abril, y lo atribuyó al frente «Oliver Sinisterra», liderado por Walter Patricio Arizala, alias «Guacho», vinculado al narcotráfico.

Más allá del contenido del audio y de su fecha, en una interpretación para Efe de la filtración en sí, la también periodista Aguagallo se plantea si un Gobierno que no puede evitar una filtración de una reunión confidencial «puede seguir garantizando que el país no esté permeado por estructuras narcodelictivas desde la frontera norte».

«Sí sienta un precedente precisamente para mirar como estamos institucionalmente, y cómo está la seguridad del país», afirma tajante.

Pero insiste en que ve una oportunidad para resolver el caso porque esta «ha sido la única vez que el Estado nos ha respondido a la petición de información», si bien lamenta que «tenga que ocurrir un hecho como este, que pone (de manifiesto) incluso la debilidad institucional de un país (…) para que el Estado tome una postura de entrega de la información» que piden desde hace ocho meses. EFE

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