Corte de Justicia advierte desajustes legales en evaluación a jueces

QUITO-ECUADOR (5/02/2019). Rueda de prensa por parte del los nuevos jueces de la Corte Constitucional. FOTOS: API/CRISTINA VEGA.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ-Supremo) de Ecuador advirtió hoy de ciertos desajustes en el reglamento con el que el Consejo de la Judicatura pretende evaluar a los jueces de esta función del Estado.

Tras recordar como prioridad la «independencia judicial», la CNJ en una declaración oficial señaló que uno de los roles de los jueces es «preservar el Estado de derecho», el cual «reside en la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia».

La Corte reiteró su disposición a que el Consejo de la Judicatura, en el marco de sus competencias, analice el desempeño de los magistrados, pero remarcó que el reglamento «no se ajusta» a los mandatos legales ni a los estándares internacionales para este tipo de inspecciones.

Señala, por ejemplo, que un artículo del reglamento de evaluación elaborado por el Consejo de la Judicatura «inobserva la garantía del debido proceso» y «la garantía de competencia» como «derecho a ser juzgado por las autoridades respectivas con arreglo a procedimientos previamente establecidos».

También se afecta el «principio de legalidad» al incluir otros criterios de evaluación -como el de cumplimiento de normativa interna, legitimidad y transparencia-, pues el Código de la función judicial regula que las evaluaciones se harán atendiendo únicamente criterios cualitativos y cuantitativos.

«De esta manera, se confunden criterios de evaluación con principios de la administración de justicia», añade el escrito de la CNJ.

«Al analizar la legitimidad de los jueces, se pone en duda el ejercicio de la potestad jurisdiccional y la competencia de los administradores de justicia, es decir, la legalidad de las resoluciones jurisdiccionales, vulnerando el principio de seguridad jurídica», sostiene la CNJ en su pronunciamiento.

Por esas razones, la Corte expresó su compromiso de «velar por la aplicación irrestricta de la Constitución y leyes de la República» y «defender la institucionalidad orgánica y jurídica, como base fundamental de un Estado constitucional y de derecho».

Además, dijo que aspira a que el órgano administrativo de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura, «cumpla con sus competencias, respetando la independencia judicial y el debido proceso». EFE

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