El fantasma indígena, verdugo de un presidente en Ecuador y firme rival de tantos otros, se levanta como una sombra amenazante contra Lenín Moreno, cuyo futuro parece haber quedado en manos de las Fuerzas Armadas.
Por si eran pocos sus problemas, el mandatario ecuatoriano afronta desde el lunes sus momentos más críticos tras su llegada a la Presidencia en mayo de 2017, con miles de indígenas en la capital, y muchos otros por varias ciudades del país, que le exigen anular sus recientes recortes para satisfacer las demandas del FMI.
Su masiva entrada en Quito, para sumarse a otros grupos de izquierdas -incluidos los correístas- y sindicatos que ya protestaban desde el jueves, ha generado una ola de violencia social y hasta saqueos sin precedentes en años.
«Exigimos la derogatoria de las medidas económicas», aseguró a Efe Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe y expresidente del movimiento indígena Kayambi, para quien el objetivo de esta protesta es exigir un «diálogo» y no que «Lenín termine su mandato».
Pero palabras de un lado y hechos del otro, al menos para una gran parte de los manifestantes.
Los gritos de «¡Fuera Lenín, fuera!» han sido persistentes a lo largo de los últimos días, y volvieron a escucharse cuando los manifestantes tomaron brevemente este martes la sede del Parlamento.
Aun así, Churuchumbi asegura que «están avanzando para pedir un diálogo», porque «somos una cultura pacífica», y se quejó de que la colectividad indígena, que representa el 7 por ciento de la población del país, está siendo «estigmatizada».
Estigmatizada o no, lo cierto es que desde 1990 los indígenas han adquirido en Ecuador un poder político considerable y que, a través de sus organizaciones, tienen una capacidad de influencia mucho más allá de su representatividad en la población.
Ello se debe a su idiosincrasia, caracterizada por un alto espíritu andino de resistencia, la toma colectiva de decisiones y un sólido poder de convocatoria, que en el terreno se traduce en una masa de decenas de miles de personas dispuestas a alcanzar, casi a cualquier precio, el objetivo que le definan sus líderes comunales.
En su estrategia, digna del mejor estratega militar, suelen tomar las vías que conectan las ciudades para, sin siquiera entrar en ellas, provocar un desabastecimiento urbano progresivo y una crisis nacional.
Así ha ocurrido desde el sábado en todo el país, cuando tomaron varias carreteras de la Sierra y obligaron a las Fuerzas Armadas a desbloquearlas en medio de fuertes enfrentamientos.
Aseguran que lo hacen guiados por un espíritu exclusivamente basado en los intereses colectivos de las nacionalidades, 13 en total, y lejos de los trapicheos políticos de unos y otros.
Churuchumbi explica, en ese sentido, que es totalmente infundada una supuesta relación con el «correísmo» y que son bulas las informaciones acerca de que toda la protesta es trama de «conspiradores» que atentan contra el régimen de Moreno.
Lo cierto es que los indígenas acuden a esta gran concentración tras años de frustración y división, y con la decepción de haber visto incumplidas las que ellos consideran promesas de Moreno para preservar sus tierras ancestrales, entre otras, al hacer de la minería su bandera hacia el desarrollo.
Educación, agua, contaminación, petróleo, minería… todos son a estas alturas componentes explosivos de una perfecta bomba de relojería que pareciera a punto de estallar.
En los últimos días, el presidente ha tendido la mano a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en múltiples ocasiones, pero esta ha sido rechazada.
El analista Santiago Basabe lo explica con el argumento de que los indígenas han hecho de la «resistencia por sí misma una propuesta», y que «esa es la salida retórica que tienen cuando alguien osa demandarles una actitud propositiva».
Asegura que sumado a su «discurso caduco», la dirigencia indígena tiene también ahora el problema de que cada vez le cuesta más desligarse del «lastre» de la violencia «encarnada en saqueos a negocios y la destrucción de la propiedad pública».
Fundada en 1986, la Conaie, el organismo de lucha de este colectivo, espera reunir hoy a unos 20.000 miembros de su comunidad en Quito.
Su lucha se suma a la de grupos sindicalistas y opositores políticos que en los últimos días han salido a protestar violentamente en distintas ciudades contra el conocido como «paquetazo».
Medidas que incluyen una subida en el precio de combustibles, entre ellos el diesel, oxígeno para cualquier campesino y que a los indígenas afecta directamente porque el 70 % de ellos vive en áreas rurales.
La maquinaria de protesta indígena ya probó su eficacia hace dos décadas, cuando su salida a las calles condujo al derrocamiento del entonces presidente Jamil Mahuad (1998-2000).
También desgastaron a Lucio Gutiérrez (2003-2005) y causaron no pocos problemas a Rafael Correa (2007-2017), sobre todo después de que éste decidiera en 2013 abrir la reserva natural del Yasuní, en la Amazonía, a la explotación petrolera.
La gran pregunta es cuál será su impacto sobre la presidencia de Moreno, que mantiene su apoyo entre las clases establecidas y también el Ejército.
El desarrollo de la manifestación, la reacción de los agentes del orden en medio de un estado de excepción, las víctimas que pudieran producirse, y el trastorno social que pudiera crearse en los días siguientes, serán clave para que Moreno (quien, en un gesto inédito en la historia política ecuatoriana, trasladó temporalmente a Guayaquil la sede de su Gobierno) siga en su cargo, que en este momento pende del crucial apoyo de las Fuerzas Armadas. EFE