La ‘reingeniería’ del sistema tecnológico del Consejo Nacional Electoral (CNE) depende de la asignación de recursos que haga el Ministerio de Economía y Finanzas.
La presidenta del Consejo, Diana Atamaint, ha dicho que se requerirán unos $170 millones dentro del Plan Operativo Electoral (POE), que aún no se aprueba en el pleno, y en el que se determinan los rubros con los que se organizarán las elecciones presidenciales, de legisladores y parlamentarios andinos del 2021.
De ese valor requieren $6 millones para la renovación del sistema informático. Sin embargo, solo para el presupuesto de ejecución del 2020 del CNE, Finanzas les asignó $35 384 910, de los $57 175 423 que solicitaron.
Ahí incluyeron un ítem para la renovación de licencias y soporte de seguridades por $950000, pero Finanzas no le asignó ese dinero, por lo que Atamaint hará gestiones para solicitar más recursos.
La presidenta ofrece mejorar los procesos informáticos para los comicios venideros, frente a las críticas de las organizaciones políticas y de los organismos internacionales por las fallas que reporta el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados (STPR).
En las votaciones seccionales de marzo del 2019, sufrió un ‘apagón’ que impidió la publicación de resultados desde las 19:30 del 24 de marzo, día de las elecciones, hasta casi la media tarde del 25 de marzo.
Enrique Mafla, experto informático y actual asesor de Atamaint, recordó –el jueves pasado en un seminario sobre temas electorales organizado por el consejero Luis Verdesoto– las auditorías que se han hecho a los procedimientos informáticos, así como de votación y escrutinio, del que ejemplificó el Sistema Integrado de Administración Electoral (SIAE), desarrollado por la empresa española SCYTL en el 2014, que costó $21,5 millones, y concluyó con la terminación unilateral del contrato.
Por ello cree (y lo planteará al pleno del CNE) que la alternativa es implementar un Centro de Procesamiento de Resultados (CPR) centralizado, que mejore los procesos de control, y al que incluso podrán acceder los grupos políticos.
“…Ya no tendríamos los problemas de que no sabemos si está digitando o haciendo el control de calidad o de verificación de firmas, la secretaria…”, expresó.
Para Carlos Larrea, experto informático y que participó en marzo del 2019 en la evaluación de los errores que enfrentó el STPR, lo que fracasa es la “efectividad y oportunidad” del sistema porque influyen factores como la falta de experiencia del equipo humano.
El especialista no recomienda la adquisición de nuevos software porque cada dos años la tecnología se “renueva, y se vuelven obsoletos”.
Insiste en crear sistemas eficientes y resilientes, en los que se apliquen “simulacros realistas”, y no “shows para la opinión pública”.
Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, opina que el CNE tiene “un año para rectificar el sistema, buscando las debilidades, y que se hagan las rectificaciones”.