El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, ha convocado al Pleno para este jueves 30 de abril y viernes 1 de mayo, para debatir los informes de los proyectos económicos urgentes de Apoyo Humanitario y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, en su orden.
La sesión virtual para el primer debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario está prevista para las 15:30 del jueves. El de ordenamiento de las Finanzas Públicas será el viernes a las 09:30.
Las Comisiones de Desarrollo Económico y de Régimen Económico presentaron los informes, con cambios sustanciales a las propuestas del Ejecutivo.
En el proyecto de Apoyo Humanitario, la comisión cambió la tabla para las aportaciones de los trabajadores públicos y privados, y elevó la base a quienes ganen más US$720 mensuales, y no US$500 como propuso el gobierno. También modificó el destino del fondo, que será exclusivamente para atender la emergencia en las áreas de salud y asistencia social a los vulnerables con alimentos e inclusive bonos económicos, créditos para la reactivación productiva. Se prohíbe el gobierno usar esos recursos para pago de la deuda externa.
Los asambleístas también eliminaron la reducción de salarios de los servidores públicos del 10%.
Se establecen algunas compensaciones para los ecuatorianos como la reducción del 10% en el pago del consumo de energía eléctrica y se prohíbe el incremento de tarifas de servicios básicos por seis meses; se establece una rebaja de al menos el 20% de las pensiones de los centros de educación infantil, escuelas, colegios y universidades particulares.
Se prohíbe el desahucio en materia de inquilinato por retraso en pago de arriendo mientras dure la emergencia y 60 días después.
Se otorga facilidades de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para micro y pequeñas empresas que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción, y que no hayan podido realizar el pago de sus obligaciones de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. No se cobrará multas ni intereses ni podrá generar responsabilidad patronal.
También se dispone a las entidades financieras públicas y privadas y de la economía popular y solidaria, implementar líneas de crédito para el sector productivo a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas o asociaciones de comerciantes y trabajadores por cuenta propia, con un periodo de gracia de al menos uno año, y un plazo de pago no menor a 36 meses.
El estado garantizará la apertura de nuevos emprendimientos desde el día cero, sin ningún tipo de requisitos, para lo cual el SRI emitirá un permiso de operación provisional. (I)
- Con información publicada por El Universo.