El fallecimiento de la madre del principal acusador por secuestro en un juicio contra el exjefe de la Secretaría de Inteligencia Pablo Romero -caso en el que también está imputado el expresidente Rafael Correa-, llevó este lunes a la Corte Nacional de Justicia de Ecuador a aplazar el proceso al jueves.
La Fiscalía especificó que la diligencia contra Romero, extraditado en febrero pasado desde España por su presunta participación en el secuestro en Colombia del activista Fernando Balda, se retomará a las 08.30 hora local (13.30 GMT) del jueves, después de que la acusación y la defensa presentaran hoy los alegados de apertura.
El fiscal general en funciones, Wilson Toainga, dijo que la Fiscalía probará que para su ejecución «se utilizaron recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría de Inteligencia», comúnmente conocida como la «Senain».
Además, que el hecho fue presuntamente «coordinado desde Ecuador por el procesado y que se llevó a cabo por pedido del expresidente de la República» Correa, otro de los imputados en el caso pero que no puede ser juzgado por ausencia.
El exmandatario, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y es requerido por la Justicia, reside en Bélgica desde que dejó la Presidencia.
El caso de Balda, ocurrido en Bogotá en 2012, ya fue juzgado en Colombia, pero la Justicia de Ecuador lo reabrió hace dos años y el Estado consiguió que los exagentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza actuaran como testigos de cargo.
A cambio de su cooperación eficaz, ambos fueron sentenciados a 21 meses de prisión por su participación en el secuestro, que fue frustrado por la Policía colombiana después de 90 minutos gracias a las advertencias de unos taxistas.
Como acusación privada está el propio secuestrado, que este lunes viajó a Guayaquil para el funeral de su madre.
Su abogado, Felipe Rodríguez, se limitó a presentar alegatos e indicó que probarán que «el vehículo en el que fue secuestrado Balda fue alquilado y pagado con recursos del Estado ecuatoriano, de la Senain», informó la Corte Nacional de Justicia.
«La materialidad del secuestro en Colombia está probada. Los secuestradores reconocieron a Raúl Chicaiza y Diana Falcón, ambos condenados como autores mediatos por la CNJ. Ellos actuaron bajo el mando directo de Pablo Romero Quezada», afirmó el letrado.
Y agregó que en el proceso «probarán la existencia de la operación Wilson», que esta «fue orquestada por el Estado ecuatoriano» y que «la Fiscalía de esa época dispuso que se oculte el secuestro».
De su lado, Stalin Oviedo, abogado de Romero, avanzó que probarán que la acción penal en este caso ha «prescrito» y que unos cheques presentados como prueba por la Fiscalía «son de la Secretaría de Inteligencia» pero que la Fiscalía no hizo «un análisis profundo de cómo se maneja esta institución de seguridad».
Tras los alegatos de apertura por la Fiscalía, la acusación privada y la defensa, los magistrados Iván León, Dilza Muñoz y David Jacho dieron por clausurada la audiencia hasta el próximo jueves.
El caso Balda fue el primero en el que el expresidente Correa fue imputado en su país, donde tiene abiertas una docena de investigaciones.
El pasado abril, Correa fue condenado a ocho años de cárcel por su implicación en el caso de financiación ilegal del movimiento Alianza País entre 2012 y 2016, en el llamado caso «Sobornos», condena que puede aún apelar en instancias superiores.
El exmandatario, así como otros exdirigentes de sus Gobiernos que han sido procesados por ese u otros casos, reclaman que están siendo víctimas de una persecución política por parte de su sucesor y exaliado político, Lenín Moreno. EFE