Opinión

La Organización de Estados Americanos (OEA) creada en el año 1948 para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender la soberanía de los estados miembros, es el principal organismo internacional de las Américas. Entre sus propósitos esenciales, la OEA proclama afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa, este último ampliado y ratificado por la Carta Democrática Interamericana el año 2001.

Los tiempos no podían ser más curiosos. Mientras el texto de la nueva y controvertida Ley de Comunicación se encuentra en proceso de impresión bajo las rotativas del Registro Oficial, el Ejecutivo se halla procesando la solicitud de asilo presentada por Edward Snowden, el funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad que reveló un supuesto espionaje del Gobierno norteamericano a millones de ciudadanos de todo el planeta. Y al tiempo que la nueva Ley es condenada por infinidad de círculos políticos, intelectuales y periodísticos como un instrumento autoritario que coarta la libertad de expresión, el Gobierno ecuatoriano invoca esa misma libertad para «considerar» el asilo. Todos sabemos que si Snowden hubiese cometido la misma falta contra el Gobierno de Alianza País, sus huesos habrían terminado en una cárcel.

Constantemente nos preguntamos por la identidad nacional, escurridiza cuando Guayaquil se declaraba ciudad abierta en 1941 o ahora, con el aislamiento voluntario de los pueblos ancestrales, con territorios bajo régimen y justicia indígena, con la ruptura del estado unitario en que se empeña una reducida minoría.