Opinión

El Ecuador entero se encuentra conmovido por el fenómeno punitivo del momento: la prisión de aquellas personas que excedan el “rango moderado” de velocidad previsto en el Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Lo que sucede es jurídicamente una barbaridad. Revisemos por qué. Constituye un dogma jurídico y de política criminal que las personas pueden guardar prisión cuando han vulnerado un bien jurídico de notable importancia en función de la valoración que la sociedad haga de ese bien, como por ejemplo la vida, la integridad sexual, la dignidad humana, etcétera. En otras palabras, cabe guardar prisión porque el acto contrario a Derecho es realmente nocivo para la sociedad. Según los penalistas, la prisión es “la última ratio” en el ejercicio de poder punitivo del Estado.