Como se ha anunciado que la Superintendencia de Bancos ha iniciado una auditoría al préstamo de 800.000 dólares dado por Banco Cofiec en diciembre pasado al señor Gastón Duzac, contribuyo planteando ciertos temas que, desde un ángulo legal, resultan objetivamente fundamentales para el análisis de la cuestión.
El FIARTES-g sin temor a equivocarme, es el encuentro teatral con mayor permanencia y regularidad que se haya gestado en Guayaquil. Su importancia radica, más allá de la tenacidad con la que sus organizadores lo han llevado a cabo a pesar de las continuas trabas para la consecución de financiamiento por parte de las instituciones públicas y privadas, en la fundamental tarea de generar un espacio de diálogo entre creadores y espectadores a partir de una selección inteligente de trabajos, que le han permitido hacer lo que hasta ahora ninguna institución estatal, ni semiestatal ha podido: construir un público.
Quiero decir sin preámbulos que, en mi opinión, toda persona de buena voluntad debe apoyar el proceso de paz que se ha iniciado la semana pasada, en La Habana, entre el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos y la banda armada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para terminar, de una vez por todas, con una guerra de más de cincuenta años que ha ensangrentado de manera indecible a la sociedad colombiana y que ha provocado increíbles momentos de horror, de los que hemos sido testigos el resto del mundo y en particular los latinoamericanos.
Luego de dos años de aplicación de la nueva Ley de Educación Superior viene bien trazar un balance sobre la gestión realizada por los órganos reguladores controlados por el Gobierno. La acción gubernamental exhibe hasta aquí dos rasgos inconfundibles: utopismo, es decir, planes y proyectos irrealizables, y coerción, un método que excluye todo diálogo y utiliza la punición como herramienta para imponer ciertos dogmas.
Una de las características del Gobierno de Rafael Correa (RC) es su ubicuidad o capacidad para estar en todas partes. Puede autodenominarse como un proyecto revolucionario entroncado con la izquierda y, paralelamente, hablar de inversiones estratégicas y usar publicidad como una empresa multinacional. Puede perseguir a los medios independientes y estructurar una institucionalidad que promueve la autocensura y, a la vez, convertirse en adalid de la libertad de expresión en el caso Assange. Puede aborrecer a la clase política y, al mismo tiempo, Consejo Nacional Electoral mediante, convertirse en la única manifestación política en las próximas elecciones. Puede ser el mandatario que le da fuerza a las instituciones del Estado y, cuando estas fallan, en el mandante que, desde la posición del ciudadano a pie, pide cuenta de los errores.
La reciente muerte de Juan Serrano Salgado, fotoperiodista y hermano del Ministro del Interior, José Serrano, nos ha obligado a reflexionar y a colocarnos en una postura necesariamente sensible ante el dolor de una pérdida. Las ideologías políticas, en momentos como éste, poco importan.
Acostumbrado a que cuando se realizan rankings a nivel internacional, el Ecuador siempre aparezca en los últimos lugares, recientemente me lleve una grata sorpresa con el último índice de Competitividad del “World Economic Forum”. La sorpresa es que nos ubicamos en el puesto 86, que sin ser una buena posición, si se lo compara con el 2011 veremos que somos el tercer país del mundo que más posiciones escaló en el último año, un salto de 15 puestos y de 19 si se compara con el 2009.
Decir que la Constitución actual es garantista es jugar con espejos, pues la garantía no es más que el derecho subyacente que protege, y este ha sido en gran parte mutilado; a mayor poder del Estado y más amplia su esfera de intervención y control, hilo conductor de la vigente Ley Suprema, disminuido queda, en proporción inversa, el derecho de las personas a tomar decisiones; y la línea de Montecristi, tan sinuosa en otras materias, en esta apunta sin ambigüedades ni concesiones -ni siquiera cuando están en juego los derechos de la naturaleza-, hacia la omnipresencia de la autoridad, concentrada en el Ejecutivo. Si en algo toda la izquierda estuvo y sigue estando de acuerdo es en eso que llamaron con pompa la recuperación del Estado, la divisa misma de ese caballo de Troya -más exacto, de Alfaro-, que en su cuerpo escondía la limitación de la libertad individual.
No se trata de la célebre revista española de teología que tanto aportes hizo en el período de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Tampoco de uno de los tantos lemas institucionales, falsamente conciliatorios, que esconden el carácter áspero y difícil del diálogo entre la fe y la razón. Se refiere sin embargo, como homenaje póstumo, al jesuita, teólogo y cardenal de la iglesia católica, Carlo Maria Martini que acaba de morir y que, durante estas últimas década, ha sido uno de los intelectuales más connotados dentro del pensamiento cristiano y también uno de los hombres que se arriesgó a pensar más allá de la frontera.
Durante más de cinco años se han pasado diciéndonos que la legalidad es algo secundario. Que por encima de ella está la popularidad, y que la popularidad es el único árbitro de los actos del poder público. No la Constitución, no la ley, no los procedimientos. Las encuestas aparecían como la única fuente de legitimidad del poder público, no el derecho.
D.R. ©® La República EC. Todos los derechos reservados.