SAN JUAN (AP) — Puerto Rico pidió ayuda a un tribunal federal para reestructurar la deuda de su sistema de pensiones para empleados públicos, que podría quedar sin fondos este año.
El gobernador Ricardo Rosselló dijo la tarde del domingo que su gobierno no ha podido llegar a un acuerdo con los acreedores, con quienes tiene una deuda de unos 3.000 millones de dólares.
“Ante la situación precaria de nuestros sistemas de retiro, su eventual insolvencia en los próximos meses y no poder llegar a un acuerdo consensual con los acreedores del Sistema del Retiro no me queda otra opción para proteger a nuestros retirados”, dijo el gobernador.
El territorio estadounidense recurrió hace poco a las cortes para reestructurar partes de su deuda pública de 73.000 millones de dólares, en medio de una recesión que lleva ya una década.
Rosselló dijo que los jubilados sí podrán cobrar sus pensiones, y que el gobierno recurrirá a su fondo general una vez que el sistema de pensiones se quede sin fondos.
Roberto Aquino García, presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, duda que la intervención de un tribunal ayude a más de 150.000 jubilados del Estado que dependen de un sistema con un déficit de unos 50.000 millones de dólares.
«La esperanza es muy poca porque, a menos que el sistema reciba una inyección de dinero para poder seguir subsistiendo, este colapsará”, dijo García en entrevista telefónica con la AP.
Añadió que muchos jubilados temen que el fondo general no alcance para sus pensiones debido a que ya está escaso de dinero.
“Desconocemos cuáles son las prioridades que se van a establecer. ¿Caeríamos bajo esa clase de servicios esenciales?”, expresó.
El Estado es el principal empleador en Puerto Rico, y las deudas acumuladas de sus tres principales sistemas de pensiones creció en 10.000 millones de dólares del 2009 al 2013, lo que ha llevado a gobiernos sucesivos a aumentar la edad de jubilación, reducir las prestaciones y aumentar las contribuciones requeridas tanto para empleados como empleadores.
En promedio, la pensión de un empleado público en Puerto Rico es de unos 1.100 dólares al mes, pero más de 38.000 jubilados del sector público reciben sólo 500 debido al tipo de trabajo que hacían, o al número de años de servicio prestado.
Una junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico pide más recortes. Ha dicho que el sistema se hará más flexible para financiarse, y que maestros y responsables de seguridad colectiva estarán registrados en el Seguro Social para el 2020. Actualmente, maestros y policías en Puerto Rico no cobran Seguro Social.
Aquino dijo que un grupo sin fines de lucro que representa a unos 100.000 empleados públicos jubilados de Puerto Rico ha contratado al mismo abogado que defendió a los jubilados de Detroit, cuya bancarrota involucró deudas de menos de 20.000 millones de dólares y fue la mayor a nivel municipal en la historia de Estados Unidos.
“Se va a crear una crisis humanitaria”, vaticinó Aquino. “Hubo un compromiso desde el año 1951 cuando se creó el sistema de pensiones. Eso fue un contrato que todos los pensionados cumplimos a cabalidad”.
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