Managua (EFE).- La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua ha dejado huérfanos a unos 43 niños desde el estallido social de abril, que ya cobra más de 285 vidas en el país, informó hoy la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
«Llevamos al menos 43 niños huérfanos contabilizados, porque han perdido a sus padres en esta crisis», dijo a Efe la integrante del Consejo de Coordinación de Codeni, Audilia Amaya.
Los niños huérfanos, así como una cantidad no específica de adolescentes que han sido arrestados, ha sido opacada por la muerte de 24 menores de edad «por la represión indiscriminada del Gobierno», según Amaya.
La dirigente de Codeni también reclamó al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifamilia) para que abogue por las víctimas menores de edad.
«El Ministerio de la Familia, aunque pertenezca a las estructuras del Gobierno, ya debería haberse pronunciado frente a todos esos fallecidos, sobre el resguardo a la vida de los menores, hasta ahora no ha sacado la cara por los niños que quedaron sin sus padres», resaltó Amaya.
Asimismo, recordó que el compromiso de Mifamilia con el Estado no lo excusa de «su primera responsabilidad, que es proteger la vida, la integridad y la salud de los niños, niñas y adolescentes, no ha velado por los que llevan al Chipote».
El «Chipote» es una cárcel de máxima seguridad en Managua donde, según los organismos defensores de derechos humanos, la Policía Nacional realiza torturas, razón por la que han pedido su cierre en diversas ocasiones.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis.
Las violaciones incluyen «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», según la CIDH, lo que fue rechazado por el Gobierno de Nicaragua.
Nicaragua lleva más de dos meses sumida en la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también bajo la presidencia de Daniel Ortega.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. EFE (I)
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