Un juez ecuatoriano negó hoy en Quito una acción de protección en favor de la comunidad amazónica de Tundayme, en Zamora-Chinchipe, que se opone a un proyecto minero a cielo abierto en la Cordillera del Cóndor, por considerar ilegales varios desalojos y por no haberse cumplido el requisito de la consulta previa.
El juez Carlos Dávila determinó la legalidad del proyecto, que había sido impugnado por los indígenas amazónicos al considerar que este no contó con la «consulta previa» para proyectos en territorios ancestrales, como establece la Constitución.
Según el juez, la zona de explotación de cobre no afecta al territorio ancestral de la comunidad amazónica.
En la audiencia participaron representantes de la empresa Ecuacorrientes S.A., ejecutora del proyecto minero, y líderes de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor-Mirador (Cascomi), que exigen la reparación de sus derechos por los desalojos efectuados en la zona.
El proyecto Cóndor-Mirador está situado en la localidad de Tundayme, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, y según la comunidad que habita en ese lugar, este ha perjudicado a decenas de familias mediante desalojos.
Por ello, la organización amazónica presentó una acción de protección por la violación de sus derechos colectivos y exigió la reparación integral a las familias supuestamente afectadas por la pérdida de sus tierras.
En una entrevista con Efe, Luis Sánchez, vicepresidente de la Cascomi, dijo que su comunidad apelará la sentencia y añadió: «Seguimos en la lucha hasta que se respeten nuestro derechos».
Asimismo, dijo que «la Amazonía es un territorio complejo y se ha creído que es el patio trasero del país y eso no ha cambiado», por lo que consideró que detrás hay un juego de intereses por parte del Estado ecuatoriano.
Se ha dado prioridad a «la inversión del capital sobre la gente, la vida y los derechos» humanos y colectivos, apuntó Sánchez y adelantó que junto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) diseñarán estrategias de defensa territoriales para la continuidad del proceso.
Asimismo, señaló que los desalojos que ha sufrido la comunidad, ocurridos en septiembre y diciembre de 2015, y otro en febrero de 2016, fueron «los más fuertes y violentos que se han dado» y que fueron constatados por la Defensoría del Pueblo.
Además, aseguró que esperará la notificación escrita del fallo para dar paso a la apelación de la sentencia.
El proyecto Cóndor-Mirador fue aprobado en 2012 y en 2015 empezó la construcción de la mina.
El presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez, recordó el año pasado que el proyecto estaba sometido a una acción de protección por parte de la población indígena que aseguraba ser aborigen de la zona.
Por esta razón, líderes de la comunidad indígena manifestaron que debió existir una consulta previa sobre las actividades mineras, aunque Yépez solicitó entonces un peritaje para determinar si esas comunidades son ancestrales, como establece la normativa. EFE