El Presidente Correa ha desatado una polémica sobre el papel de la Asamblea Nacional en la fiscalización del Estado. Primero, envió una carta a Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea, quejándose por excesivos pedidos de fiscalización de los asambleístas contra los ministros del Ejecutivo. Cordero respondió que los asambleístas actuaban en ejercicio de la ley. En la siguiente sabatina, Correa ordenó sus ministros, so pena de destitución, que no contesten pedidos de información de asambleístas, salvo que provengan de Cordero. En todo este debate, que parecería tan banal justo antes de arrancar la campaña electoral —¿cortina de humo? — y coincide con el destape de varios escándalos de corrupción en el gobierno, analicemos qué dicen la Constitución y la ley.
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