La misión fundamental de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es investigar y denunciar ante la Corte Interamericana los abusos de derechos humanos que cometen los estados de América Latina. Lo lógico, por tanto, es que la CIDH sea un organismo que esté por encima de los estados: si estuviera debajo de ellos, no podría hacer su trabajo con eficacia. Y es lógico también que la tarea de este organismo sea particularmente incómoda para los gobiernos cuando violan los derechos de sus ciudadanos.
La guerra para debilitar y destruir al sistema interamericano de derechos humanos, cuyo primer objetivo visible es por ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha comenzado a aflorar. Pinochet, Videla, Bordaberry, así como Fujimori, Uribe y otros de esa estirpe, unos elegidos en la urnas otros en los cuarteles, seguramente estarán complacidos y sonrientes donde quiera que estén. Deben sentirse hasta reivindicados por el concertado esfuerzo de ciertos gobiernos para socavar a esa institución que tanto detestaron.
Desde anoche están reunidos en Cochabamba (Bolivia) los cancilleres del hemisferio con el fin de asistir a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La cita anual ha ido perdiendo la relevancia que tuvo en otras épocas, en parte por la pérdida de protagonismo de la entidad y en parte por la abundancia de instancias que le han ido quitando visibilidad al evento.
Lo más valioso que hemos logrado construir colectivamente en este hemisferio para defender y expandir los derechos humanos y las libertades públicas corre serio peligro. Se trata de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que para muchos observadores imparciales es una de las pocas instituciones con credibilidad.
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