Aunque la atención se ha centrado en estos días sobre la decisión del gobierno de asistir a la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, en solidaridad con la no invitada, Cuba, no deja de parecerme curioso el reciente episodio en que el canciller ecuatoriano acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de “inquisidora” y de extralimitarse en sus funciones al emitir medidas cautelares en el caso de Diario El Universo. Parece que llegó el momento en el que el mundo debe comprender, tal como se entiende en el Ecuador, que los temas que respectan a la violación de la libertad de expresión, el hostigamiento y la persecución judicial por discordar con el proyecto político de la revolución ciudadana son asuntos que nadie debe atreverse a cuestionar.
Muchos han de estar sorprendidos por el reciente incidente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH, como se sabe, ha lamentado públicamente que habiéndole advertido al Gobierno que en la sesión de trabajo que le concedió no podía abordar ningún caso en trámite –pues entonces la otra parte tenía que estar presente–, el Gobierno hizo precisamente eso: abordó un caso en particular en trámite sin la presencia de la otra parte, y aprovechó la oportunidad para exponer sus criterios sin que la parte ausente pueda cuestionarlos y esgrimir los suyos en ese momento.
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