El autor Walter Benjamin se suicidó en Port Bou, el 26 de septiembre de 1940.
Los recientes acontecimientos muestran cuán efectiva es la maquinaria del poder que se ha ensamblado durante los últimos años.
Hay tres cosas que no se pueden negar. Uno, que la justicia de Ecuador es un desastre. Dos, que el pueblo ordenó su transformación mediante un Consejo políticamente controlado por el Presidente Rafael Correa. Tres, que para lograr una auténtica reforma en 18 meses se requieren medidas extraordinarias. Hasta ahí, estamos de acuerdo. Pero, ¿todo eso justifica que el Presidente Correa haya decretado un estado de excepción sobre la Función Judicial? Más allá del discurso de los políticos, ¿qué dice la Constitución?
La firma del Decreto Ejecutivo 872 el pasado lunes fue una verdadera sorpresa para casi todos y ha levantado una serie de comentarios y especulaciones sobre la anunciada “metida de mano” a la justicia y una supuesta contratación “a dedo”. Quiero ensayar una explicación sobre este Decreto.
Primero debemos separar el concepto “emergencia” de “excepción”. Hemos estado acostumbrados a decir que “El Presidente decreta emergencia”, porque ese era el nombre de la institución hasta 2008. A partir de Montecristi, el primer mandatario puede declarar estados de excepción, establecidos en el art. 164 de la Constitución.
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