Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Los recientes acontecimientos muestran cuán efectiva es la maquinaria del poder que se ha ensamblado durante los últimos años. Demuestran también la titánica tarea que espera a los ecuatorianos cuando toque desmontar a ese Leviatán en que se ha convertido el Estado ecuatoriano.
Allí está el decreto declarando el estado de excepción en todo el país y suspendiéndose varios derechos constitucionales por las actividades del volcán Cotopaxi. Difícil encontrar un acto más inconstitucional y arbitrario. Si la Constitución estuviese vigente, y si tuviésemos un régimen constitucionalista (que no es lo mismo), no solo que al presidente de turno no se le hubiese ocurrido firmar semejante decreto, sino que de haberlo hecho la Asamblea Nacional lo habría suspendido al día siguiente, y quizás hasta habría amonestado al jefe de Estado por incurrir en un abuso de poder. Y si esta no hubiese actuado, entonces la Corte Constitucional lo habría hecho enseguida. Pero nada de eso ha sucedido.
Allí están las decenas de personas apresadas durante las marchas de protesta. Gracias a una de las estructuras legales penales más opresivas e invasivas que se haya creado –fiel heredera de la tradición penal fascista–, no solo que decenas de protestantes políticos han sido apresados como delincuentes comunes, sino que corren el riesgo de ser castigados severamente; nada raro sería que hasta se les ordenara pedir perdón. Como era de esperarse, los habeas corpus –figura que prácticamente ha desaparecido del Ecuador– que han sido presentados, han sido negados.
Allí está el triste papel de las fuerzas armadas prestándose a reprimir a la población civil cuando saben, o deberían saber, que esa no es la misión que les encarga la Constitución. (Ya fue bastante grosero el que se les haya recordado días antes del paro nacional de los millones y millones de dólares que habrían recibido en los últimos años para modernizar sus equipos).
Allí está la golpiza y revocatoria de la visa de la profesora y periodista franco brasileña Manuela Picq, compañera de uno de los líderes de las protestas. Un acto que llena de vergüenza a lo que queda de la conciencia democrática del país. De haber existido una justicia independiente y profesional, la víctima no habría permanecido detenida sin cargos por varios días –ni ella ni otros manifestantes– y a ningún juez se le habría ocurrido dejarla en el limbo jurídico e indefensión, como sucedió. Y menos se le habría ocurrido a un funcionario público argumentar que el Estado goza de total discrecionalidad para expulsar a extranjeros del país. Cómo estará nuestra justicia que una jueza terminó por enviar al ministro del Interior su sentencia para que él la revise. Y no se diga de la ridícula versión oficial de que la señora fue en realidad rescatada por la policía de un asalto, seguramente de unos “violentos quiteños”.
Lo anterior son apenas unos pincelazos de toda esa maquinaria de poder y propaganda montada al servicio de una sola persona. Desmontarla costará trabajo ciertamente, pero es un desafío histórico de todos. (O)
- El texto de Hernán Pérez Loose ha sido publicado originalmente en El Universo.