Después de muerto, León Febres Cordero sigue siendo polémico. Pero la disputa que protagoniza hoy acaso sea más trivial que cualquiera de las que él inició en vida. El problema: el Municipio de Guayaquil decidió levantar un busto en honor del ex Presidente en el Fortín; el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se opuso; el conflicto terminó en una acción constitucional de protección propuesta por la organización Diabluma, donde, tras un episodio violento, se prohibió la ubicación del busto en el Fortín mediante una sentencia dictada en un cuartel de policía. Nebot, aduciendo un derecho a la “resistencia”, dijo que no cumpliría el fallo. Y, por decisión del Concejo cantonal, la semana pasada se levantó otro monumento a LFC en exactamente el mismo lugar.
Está ya instalado un monumento a León Febres Cordero. No espero describir las razones por las cuales debe o no instalarse el monumento, pero sí compartir algunas normas sobre la competencia de los municipios en lo referido al patrimonio cultural, que incluye la erección de monumentos.
He recordado mis primeras clases de Introducción al Derecho, hace ya treinta años, mientras de manera vertiginosa me llega la información, a través del twitter, de la manera cómo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot ha dirigido la instalación de un monumento en honor al ex presidente de la República, y ex alcalde de la ciudad, León Febres Cordero, en el preciso lugar en donde un juez lo ha prohibido, a petición de otro grupo impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y debo confesar que, sorprendido por mi propio entusiasmo, me he visto obligado a reflexionar sobre el fondo de lo que ocurre. ¿Debe un hombre cumplir una ley que sabe injusta? ¿Está obligado el pueblo de Guayaquil a acatar la resolución de un juez que actúa sin independencia y del que creemos saber que no responde al derecho sino a instrucciones políticas?
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