Después de muerto, León Febres Cordero sigue siendo polémico. Pero la disputa que protagoniza hoy acaso sea más trivial que cualquiera de las que él inició en vida. El problema: el Municipio de Guayaquil decidió levantar un busto en honor del ex Presidente en el Fortín; el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se opuso; el conflicto terminó en una acción constitucional de protección propuesta por la organización Diabluma, donde, tras un episodio violento, se prohibió la ubicación del busto en el Fortín mediante una sentencia dictada en un cuartel de policía. Nebot, aduciendo un derecho a la “resistencia”, dijo que no cumpliría el fallo. Y, por decisión del Concejo cantonal, la semana pasada se levantó otro monumento a LFC en exactamente el mismo lugar.
He recordado mis primeras clases de Introducción al Derecho, hace ya treinta años, mientras de manera vertiginosa me llega la información, a través del twitter, de la manera cómo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot ha dirigido la instalación de un monumento en honor al ex presidente de la República, y ex alcalde de la ciudad, León Febres Cordero, en el preciso lugar en donde un juez lo ha prohibido, a petición de otro grupo impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y debo confesar que, sorprendido por mi propio entusiasmo, me he visto obligado a reflexionar sobre el fondo de lo que ocurre. ¿Debe un hombre cumplir una ley que sabe injusta? ¿Está obligado el pueblo de Guayaquil a acatar la resolución de un juez que actúa sin independencia y del que creemos saber que no responde al derecho sino a instrucciones políticas?
Voy a repetir aquí que nunca he sido partidario del ex presidente León Febres Cordero, que por el contrario siempre fui un crítico de sus acciones, y que si alguien propusiera decidir en referéndum si debiera erigirse o no un monumento en su memoria, muy probablemente yo votaría en contra. Y seguramente se debe a eso (al rechazo que siempre sentí a la forma abusiva de manipular la justicia para irrespetar el derecho a los demás) el repudio que he sentido ahora a la resolución de ese juez, dictada en un cuartel policial, en el que se acoge la acción presentada por un grupo de partidarios del gobierno actual para impedir la colocación del monumento del ex presidente, ex alcalde de Guayaquil, y varias veces diputado del Guayas, en el barrio de Las Peñas.
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