En días anteriores, miles de servidores públicos fueron obligados a renunciar de sus puestos de trabajo, sin seguir el debido proceso contemplado en la Ley de Servicio Público; el presidente Correa ha acusado de corrupción, sin pruebas, a los despedidos. Para tomar esta medida, a todas luces ilegal, el presidente ha manifestado que infiltró a agentes de la inteligencia policial en donde laboraban los despedidos. Las voces de protesta no se dejaron esperar, la asambleísta Nívea Vélez ha señalado: “Es terrible que primero se despida a la gente y luego sean agredidos para justificar este acto”, el general Paco Moncayo se unió a las críticas y calificó a esa medida “de inhumana, ilegal y arbitraria”.
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