Un gobierno puede equivocarse, por supuesto. Al fin y al cabo, está integrado por seres humanos, falibles por naturaleza. Un gobierno puede, incluso, equivocarse con gravedad y reiteración, sobre todo si, cristianamente, demuestra un firme y genuino propósito de enmienda. Lo que no puede hacer es caer, a sabiendas, en el ocultamiento, la mentira y el engaño. Y un gobierno, ningún gobierno, tampoco puede tratar de tapar sus excesos con aplastantes campañas de propaganda, para negar sus culpas, repartir acusaciones y atribuir todos los males a supuestas conspiraciones, impulsadas –claro está- por la prensa corrupta.
He terminado de ver los videos que entregó la exjueza Mónica Encalada y me quedé pasmado. Las pruebas acumuladas de la manipulación de la sentencia judicial más mediática de las últimas décadas, solo pueden ser refutadas por medio del descaro: yo no autoricé esa grabación, dice el juez Juan Paredes, confiado en lo que la ley dispone, esto es, que ningún video podrá ser incorporado como prueba de nada, si no cuenta con autorización de la misma parte filmada o por una orden judicial. Le pregunta un periodista si no le preocupa el tema moral y no contesta, evade, se irrita.
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