La última vez que unos diputados y jueces constitucionales intentaron detener la realización de una consulta popular fueron destituidos de sus cargos.
Está muy bien que se proponga -lo hizo la comisión legislativa que tramitaba el proyecto de ley urgente enviado por el Ejecutivo- que sea pública la información sobre los flujos de fondos recibidos del Estado por sus contratistas y subcontratistas (art. 11, 4º).
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