Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
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Santiago Cantón piensa que Patricio Pazmiño no es idóneo para ser juez de la Corte Interamericana

Santiago Cantón, ex Secretario Ejecutivo de la CIDH. Foto de María Gracia Naranjo Ponce para La República.EC.

Washington.- Santiago Cantón fue el primer Relator para la Libertad de Expresión de la OEA. Desde 1998 hasta el 2012 fue el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hoy trabaja en el Centro Robert F. Kennedy para Justicia y Derechos Humanos, con sede en la capital estadounidense.


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Es la persona que redactó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que aprobó la CIDH para profundizar en el contenido del artículo 13, sobre libertad de pensamiento y expresión, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Así mismo, fue el propulsor de las primeras medidas cautelares en esta materia.

Recibe al equipo de La República.EC en su oficina, para una entrevista sobre la situación de la libertad de expresión en el continente y particularmente en el Ecuador.

¿Es el Ecuador un país que respeta la libertad de expresión?

– Me tocó como Secretario Ejecutivo analizar la libertad de expresión en Ecuador y claramente hay un retroceso importante en relación a los años anteriores a Correa. Hay un ataque desde la máxima autoridad del Estado a los medios de comunicación. Sin embargo, esto sucede también en otros países de la región como Venezuela y en cierta manera Argentina, donde intentan desacreditar y atacar a los medios y a los periodistas particularmente críticos. Hay periodistas que se han tenido que exiliar, hay otros que viven bajo amenaza de distintos tipos. El caso contra Diario El Universo fue un primer punto de partida aunque yo creo que con anterioridad se venían dando distintos ataques histriónicos: el presidente rompió un diario frente a las cámaras. No hay un ambiente propicio para la libertad de expresión.

¿La CIDH fue excesivamente crítica con el gobierno Ecuatoriano mientras usted fue el Secretario Ejecutivo?

– En cuanto a Ecuador yo creo que la Comisión se movió bastante, por lo menos la etapa que yo estuve, porque fue el tiempo del juicio a El Universo, donde hubo si mal no recuerdo medidas cautelares, una audiencia y una reunión con el gobierno. El canciller Patiño tuvo una actitud poco diplomática, cuando él pidió una reunión a la CIDH le respondimos que el tema no podía ser el proceso sobre El Universo, porque ese era un caso en trámite por cuanto la Comisión no podía recibir a una parte sin recibir a la otra. Él respondió por escrito que no había ningún problema, que no iban a hablar del caso El Universo. La mañana que llegaron a Washington la Cancillería ecuatoriana sacó un comunicado de prensa diciendo que se iban a reunir en pocas horas con la CIDH para discutir el caso El Universo. La Comisión decidió no recibirlos. De manera muy furiosa y poco diplomática aceptó y dijo que no iba a hablar sobre ese caso, entonces la Comisión lo recibió y lo único que hizo fue hablar del caso El Universo, hasta el punto que la Comisión tuvo que pararlo. Lo pongo como ejemplo porque es un poco la actitud que han tenido.

¿El cuestionamiento que algunos Estados hacen, entre ellos el Ecuador, al rol y desempeño de la CIDH se puede entender como una forma velada de desacatar el cumplimiento de las obligaciones internacionales dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)?

– No es velada, es directa. Es un gobierno autoritario que no quiere acatar opiniones o decisiones de organismos internacionales creados por los mismos Estados. Frente al fracaso que han tenido en el intento de debilitar a la CIDH, incluso su candidato (Patricio Pazmiño) a Secretario Ejecutivo de la CIDH perdió, han asumido esta campaña de ataques a la CIDH. Esa es una cuestión que se había resuelto luego de las dictaduras del cono sur, luego de que en América Latina se comenzó a aceptar una supervisión internacional independiente que proteja los derechos humanos y eso lo ha hecho realmente muy bien la CIDH durante más de 5 décadas. Los gobiernos militares estuvieron en contra de la CIDH porque no querían que haya ningún tipo de observación internacional. Hay gobiernos de la región, Ecuador es uno de ellos, en que vuelven a levantar la bandera de la soberanía y el nacionalismo para evitar que se les haga un monitoreo internacional. Eso perjudica directamente al pueblo, en definitiva.

En su opinión, ¿la Comisión resistirá estos ataques?

– Siempre lo ha hecho. Ha tenido situaciones peores con las dictaduras en la década de los setentas y la Comisión ha resistido. Hay diferencias ahora: no es uno o dos países sino que son varios los que están en una actitud similar. La Comisión tiene que hacer lo que sabe, las armas de la CIDH a lo largo de la historia han sido sus casos, sus decisiones, sus informes, sus visitas y esa es la forma en la que tiene que responder. No la negociación política, eso no le va a servir a la Comisión, sino demostrar con su trabajo la importancia que tiene.

¿Por qué hubo necesidad de una Declaración de Principios para profundizar el contenido del artículo 13 de la CADH?

– Cuando hicimos la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión la idea era crear una barrera bien alta en defensa de este derecho para evitar que los Estados por otros mecanismos hagan sus propias interpretaciones del artículo 13 de la CADH y terminen debilitando a la libertad de expresión. Uno de los temas más significativos de la Declaración se relaciona con las llamadas leyes de desacato. La posición de la Comisión era que la crítica a los funcionarios públicos tiene que estar sumamente defendida.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión prohíbe la exigencia de títulos para el ejercicio del periodismo. ¿Sabía que la Ley de Comunicación del Ecuador exige titulación a los periodistas?

– A raíz de una Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 1985 quedo claro que exigir colegiación obligatoria o requerir estudios universitarios de periodismo es violatorio de la Convención Americana. No se puede exigir a ningún periódico que las personas que trabajan allí tengan estudios o colegiación obligatoria para hacer ejercicio del periodismo, si la Ley de Comunicación del Ecuador plantea eso claramente es una violación de la Convención.

Después de un almuerzo con los jueces de la Corte IDH en Costa Rica, el presidente Correa ha dicho que sí reconoce la jurisdicción de la Corte pero, por el contrario, continúa expresándose mal de la Comisión.

– El diario El País de España publicó la respuesta del presidente de la Corte a un artículo que criticaba esa situación. Ahí el juego que está haciendo el presidente Correa es bastante evidente y es de debilitar y criticar a la CIDH, porque la CIDH tiene muchísimo más mandato que la Corte. La Corte se limita a los casos, y Ecuador tendrá uno que otro de vez en cuando. Por el contrario, la Comisión tiene miles de casos, tiene medias cautelares, puede solicitar medidas provisionales, tiene visitas in loco, hay relatores de 9 temas, tiene capacidad de producir informes. Entonces la estrategia es debilitar y desaparecer a la Comisión, y no a la Corte. A esta última, de paso, le dieron un millón de dólares como aporte para su funcionamiento.

¿Por qué la sede de la Comisión está en Washington?

– No es una crítica muy poderosa el hecho de que la sede está acá, tenemos una Comisión independiente sin importar el lugar geográfico en el que se encuentre.

Según opina el presidente Correa, la CIDH está en un país que no ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos.

– Que Estados Unidos no haya ratificado la Convención es algo gravísimo, estoy de acuerdo. Durante los 11 años que estuve a cargo de la Secretaría Ejecutiva pedí a los Estados Unidos que ratificaran, junto a otros países del Caribe y Canadá que tampoco han ratificado. Es uno de los problemas más graves que tiene el SIDH. Pero eso no tiene ninguna relación con que la sede esté en Washington.

¿Tiene la CIDH capacidad de dictar medidas cautelares?

– Las medidas cautelares se han otorgado por parte de la Comisión y todos Estados, con muy pocas excepciones, Estados Unidos una de ellas, las han aceptado reiteradamente. Las han cumplido. El presidente Correa no tiene porque saberlo pero tiene asesores que le tendrían que haber dicho que en Derecho la práctica crea una costumbre. Las medidas cautelares han sido una práctica reiterada, por cuanto son aceptadas y Ecuador las ha aceptado hasta que el presidente Correa, porque no le gustaron las medidas cautelares en el caso El Universo, decidió no aceptarlas. Yo le pregunto al señor Correa que piensa de las medidas cautelares contra la cárcel de Guantánamo. ¿Le parece mal que la Comisión haya otorgado medidas cautelares en ese caso? La CIDH ha otorgado más medidas cautelares en contra de EEUU y de Colombia, que contra Ecuador y Venezuela.

Se ha planteado desde Ecuador la candidatura de Patricio Pazmiño, actual presidente de la Corte Constitucional, para ser juez de la Corte Interamericana.

– Él perdió su candidatura ante la Comisión para ser Secretario Ejecutivo, pero no es un buen perdedor. La Comisión decidió no incluirlo entre los finalistas y él envió una carta quejándose de la CIDH y exigiendo información sobre el motivo por el que él no había quedado entre los finalistas. La verdad es que los finalistas tenían un record, una experiencia en derechos humanos que hablaba por sí sola, y ese no es el caso del juez Pazmiño. Si los Estados quieren tener jueces que no tengan conocimiento sobre derechos humanos es una decisión de ellos. Personalmente no creo que sea un candidato con todas las credenciales que hacen falta para ser juez de la Corte Interamericana. Pero no sería la primera vez en la Comisión o en la Corte que se intente nombrar a personas sin conocimientos en derechos humanos. El gobierno de Venezuela durante prácticamente 12 años ha intentado anular a la CIDH buscando que se nombre como comisionados a dos venezolanos que claramente su único objetivo era destruir a la Comisión: estaban en contra de las medidas cautelares, estaban en contra de los casos contra los países del ALBA. A veces los Estados no se dan cuenta la responsabilidad de estas personas, la Corte y la Comisión salvan vidas humanas. No se debe jugar vanidosamente con algo que es la última alternativa de millones de personas en la región para proteger sus derechos humanos.

Vargas Llosa ha criticado la actitud timorata de gobiernos de América Latina. ¿Cree usted que hay un silencio cómplice de los gobiernos democráticos con aquellos que violan derechos humanos?

– Es gravísimo, triste y habla muy mal de nosotros que haya sido un ex presidente español, Felipe González, el que ha tomado la decisión de defender a los presos políticos en Venezuela. A raíz de Felipe González se sumó Cardoso, hubo unos que firmaron una carta como Quiroga, Pastrana, Oswaldo Hurtado y algunos más. Pero esto no es un tema de ideologías, es un tema de derechos humanos. Lo peor es hacer de los derechos humanos algo ideológico, por eso se está mirando al costado las violaciones a derechos humanos en Venezuela. En el Ecuador hubo el caso del caricaturista Bonil. Lo de Venezuela es gravísimo, según el Comité Contra la Tortura de la ONU, entre el año 2012 y 2013 se dieron 1200 ejecuciones extrajudiciales. No pueden acusar al Comité de ser un organismo de la ultraderecha internacional, su presidente es Claudio Grossman, exiliado chileno. Esa es la realidad de Venezuela y América Latina no dice nada.

¿Hay un retroceso en la democracia de América Latina?

– Hay que tener claro que la democracia en América Latina ha avanzado muchísimo, siempre nuestro punto de partida debe ser la noche negra de los 70s: las dictaduras y los golpes de Estado. Estamos muy lejos de eso y ahora se suma la posibilidad de una tendencia positiva en Cuba. No podemos obviar eso ni confundirnos. Por primera vez en la historia tenemos una región con elecciones prácticamente en todos los países. Dentro de ese enorme progreso hemos tenido un retroceso claro en donde la libertad de expresión está siendo muy dañada, como la independencia del poder judicial, el derecho de asociación y asamblea. Se ha dañado muchísimo el Estado de Derecho.

Una de las críticas de Correa es que Estados Unidos financia la CIDH para controlar a los países latinoamericanos.

– Están pagando para que se presenten denuncias contra Estados Unidos. Es uno de los países con más denuncias en el sistema de casos, con más medidas cautelares, con más críticas. De hecho, la primera institución que criticó la cárcel de Guantánamo fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, como ya dije, otorgó medidas cautelares a favor de los presos detenidos en Guantánamo. Él no menciona eso. Si el millón de dólares que Ecuador dio a la Corte le diera a la Comisión Interamericana sería el primer donante de la CIDH. ¿Por qué no lo ha hecho durante todos estos años? El presupuesto de la CIDH es el 5% o 6% del presupuesto de la OEA, la voluntad política de los Estados es así de reducida. Cuando yo era Secretario Ejecutivo el donante principal era EEUU, mi objetivo fue evitarlo, para no crear una percepción indebida, y eso se logró en el 2007. Europa pasó a ser el primer donante, no fue un país de América Latina, no fue Ecuador, no fue Venezuela, no fue Argentina ni Brasil. En realidad hay mucho más de 15 donantes que se distribuyen el presupuesto de la CIDH, algunos más que otros. Pero ya no hay nadie que tenga un control amplio sobre el presupuesto de la CIDH. Lo que sí es cierto es que la responsabilidad de que la Comisión no tenga recursos suficientes para hacer debidamente su tarea es de los gobernantes, es de Correa, de Dilma. No hablamos de tanto, la CIDH necesitaría no más de 10 o 15 millones de dólares.

Correa ha criticado que se le da más importancia a la libertad de expresión que a otros derechos, incluso se la defiende con una Relatoría Especial.

– Detrás de todos los países que critican a la CIDH hay un caso o una medida cautelar: Correa comenzó a atacar a la Comisión el día que se tomaron las medias en el caso El Universo, Colombia por los casos que estaba enviando la Comisión a la Corte, Brasil porque tuvo unas medidas cautelares que se otorgo por la represa de Belo Monte, etc.

¿Pero por qué no hay relatorías especiales para los otros derechos?

– Debería haber. El mecanismo que tiene que adoptar la Comisión Interamericana es el de las relatorías especiales como la de la libertad de expresión. Pero no hay es recursos para hacerlo.

¿Y cuál fue el criterio para que la primera sea sobre libertad de expresión?

– La idea era crear una estructura en la región para monitorear la libertad de expresión en las Américas. Cada uno de los 7 comisionados está a cargo de 4 relatoras por países y de 1 relatoría temática, hay dos comisionados que tienen 2 relatorías temáticas. Además están a cargo de las actividades de la Comisión: casos, medidas cautelares, etc. Entonces se decidió hacer una relatora especial que tenga dedicación particular. Los Estados y la sociedad civil estuvieron de acuerdo.

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Miguel Molina Díaz