Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Entre acusaciones, Asamblea se allana al veto presidencial a la Ley de Galápagos

Foto: Asamblea Nacional

Con 88 votos afirmativos y 35 negativos, el pleno de la Asamblea Nacional se allanó al veto parcial de la Ley de Galápagos.


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El debate sobre el veto parcial de la Ley de Galápagos enfrentó este martes a asambleístas en el pleno de la Asamblea Nacional. Los insulares Ángel Vilema (exmilitante de AP) y Fanny Uribe López (Avanza), quienes rechazan el veto, señalaron que el costo de la vida en las islas es alto y rechazan veto.

En medio de un total de 18 observaciones formuladas por el Ejecutivo, el Presidente plantea que las remuneraciones de los trabajadores del sector público y privado de la provincia de Galápagos se paguen con un incremento que se calculará multiplicando el índice de precios anual al consumidor con respecto a los precios del Ecuador continental. Esta disposición se aplicará a todos los trabajadores públicos y privados que ingresen a trabajar en la provincia de Galápagos a partir de la expedición de esta ley.

Actualmente, los trabajadores de Galápagos ganaban el doble de lo que se percibe en el contiente.

Respecto de la insularidad de la provincia de Galápagos plantea que por su condición geográfica, las asignaciones presupuestarias que reciban los gobiernos autónomos descentralizados y el Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos se paguen con un incremento que se calculará multiplicando el índice de precios anual al consumidor con respecto a los precios del Ecuador continental, que se deducirá del monto global entregado, de conformidad con el Cootad.

En otro orden, el Presidente sugiere que el Consejo Consultivo sea una instancia de participación ciudadana y asesoramiento no vinculante con la administración y manejo de la reserva marina de la provincia de Galápagos.

En lo atinente al registro pesquero plantea que la Autoridad Ambiental Nacional lleve un registro pesquero de toda embarcación que realice actividades de pesca dentro de la reserva marina de Galápagos y que el reglamento a la ley establezca un sistema de otorgamiento de permisos para la actividad pesquera en esta provincia.

Entre otros aspectos, Correa propone que se sancione con multa de 50 remuneraciones unificadas que se pagan en la provincia de Galápagos a quien contraiga matrimonio o forme unión de hecho con una persona que no posea la categoría migratoria de residente permanente, con la intención de que ésta obtenga dicha categoría migratoria.

El viernes pasado el asambleísta por Galápagos, Ángel Vilema, confirmó su desafiliación al movimiento oficialista  Alianza PAIS por el veto a la Ley de Galápagos. (I)