Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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CNE aprobó gastar US$2.8 millones en consulta sobre paraísos fiscales

ARCHIVO: Babahoyo, 08 dic 2016.- Juan Pablo Pozo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, participó en el taller de trabajo con autoridades, Los Ríos frente al proceso electoral 2017. Foto: Miguel Ángel Romero / CNE.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el plan operativo, cronograma y presupuesto para la consulta popular sobre paraísos fiscales. La consulta costará US$2′ 885.076,64.


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La convocatoria se realizará el 22 de diciembre. Esto se ratificó en la sesión del pleno. Del 19 al 21 de diciembre se cumplirá la inscripción de proveedores para la promoción electoral. La consulta se realizará el 19 de febrero de 2017, de 07:00 a 17:00, mismo día de las elecciones generales. Según el CNE este proceso no afectará al de los comicios generales. “Será paralelo y ahora los ciudadanos recibirán 5 papeletas en lugar de 4”, apuntó Pozo. Añadió que en los simulacros previos a las elecciones se incluirá la papeleta para la consulta. Dentro del plan operativo,

El proceso incluye también un período de inscripciones de organizaciones políticas y sociales que deseen hacer campaña por el SÍ o el NO. Las organizaciones sociales deben tener vida jurídica para inscribirse en la campaña para la consulta.

La consulta, convocada por el Presidente Rafael Correa, contiene la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales”.

Las opciones de respuesta serán Sí y No. E incluirá esta disposición: “Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución”.

(I)