El ministro de Defensa de Ecuador, Fernando Cordero, envió a la Contraloría General del Estado una carta en la que se solicita la rectificación del informe especial sobre la compra de siete helicópteros Dhruv, en el que se establece que se habría generado para el Estado ecuatoriano “un perjuicio económico de 2’489.603 dólares”.
Según informa la Agencia Andes, el pedido concreto de Cordero es que la afirmación del Informe de Examen Especial sobre la “cuantificación” del perjuicio al Estado ecuatoriano causado por la empresa Hindustan Aeronautics Limited (HAL), fabricante y proveedora de los siete helicópteros Dhruv, “debe ser inmediatamente rectificada”.
En 2008, el Estado por medio de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) adquirió siete helicópteros Dhruv, por un valor de 45,2 millones de dólares. De ellos, cuatro se accidentaron y, según informó el ministro, la Junta Investigadora de Accidentes Militares (JIAM), determinó que los dos últimos accidentes, ocurridos en enero de este año, se dieron por fallas técnicas en las aeronaves.
En esas circunstancias, y tras conocer los resultados de las juntas, las autoridades ecuatorianas tomaron la decisión de romper de forma unilateral los contratos con la empresa hindú. Previo a ese anuncio, Cordero manifestó que la FAE multó a la compañía con 3’955.679.78 dólares y habló de la existencia de un “pequeño saldo a nuestro favor” de 208.000 dólares, que están protegidos por las garantías del contrato.
Además, confirmó que luego de los accidentes el país suramericano fue indemnizado por la empresa de seguros con 16 millones de dólares por cada helicóptero caído.
Según información del ministerio de Defensa, la indemnización recibida más la multa impuesta por la entidad aérea, no son un perjuicio para el país, sino que representan “un valor de resarcimiento por los daños causados”.
En el documento enviado a Contraloría se indica que la firma hindú no ha entregado los sistemas de alerta de tráfico y evasión de colisión, de integración de los sistemas de navegación al sistema de pantalla, de alerta de proximidad a tierra y el localizador de señal de emergencia. Todos estoss equipos estaban valorados en aproximadamente 801.757,85 dólares.
Según la carta, “no es procedente sumar el valor de los ítems no ejecutados por el contratista y las multas impuestas por el retardo en su cumplimiento” como “erróneamente” lo hace la Contraloría.
“El precio total del contrato fue de USD 45.200.000, a ser cancelado de la siguiente forma: anticipo de USD 30.000.000, y el saldo de USD 15.200.000 en 10 cuotas anuales, con un interés calculado con base a la tasa libor más 1 hasta el 2018. Al momento, se encuentran pendientes los pagos de las anualidades del 2015 al 2018. El monto pendiente de pago es de USD 6.080.000,00” se precisa en la misiva.
El ministro Cordero señaló al Contralor General del Estado lo siguiente: “cabe resaltar que la indicada afirmación del informe de la referencia, se ha prestado para que varios medios de comunicación la usen y distorsionen la realidad de la ejecución del mencionado contrato, pretendiendo con ello desprestigiar la imagen de las Fuerzas Armadas y a nuestro Gobierno”. [I]