Guayaquil, Ecuador
La seguridad del Estado se sustenta fundamentalmente en la fortaleza de su poder nacional (conjunto de recursos espirituales, intelectuales y materiales que dispone el Estado para su supervivencia y progreso) y en la capacidad de su fuerza pública (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) para proteger y defender eficazmente al país en los escenarios: interno y externo.
El debilitamiento del poder nacional y de su fuerza pública, afecta gravemente la seguridad del Estado a corto, mediano y largo plazo.
En el campo legal, el primer inciso del Art. 158 de la vigente Constitución de la República se define la razón por la cual existe la fuerza pública: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”, y, el segundo, se afirma que “Las fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”.
Evidentemente, “…la soberanía y la integridad territorial” son indispensables para el pleno ejercicio de “los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”, tanto en el escenario nacional como en el internacional.
De ahí que toda acción u omisión que disminuya o anule la fortaleza y capacidad de las Fuerzas Armadas para cumplir su vital misión, constituye grave delito contra la seguridad y existencia del Estado. Se podría decir que un país tiene dos maneras de estar en peligro: una, por la fortaleza de la presunta amenaza; otra, por debilidad de la propia defensa.
Para que la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas se mantenga en las mejores condiciones para su empleo, de modo que puedan cumplir exitosamente su crucial misión, es indispensable que se cumplan varios requisitos fundamentales: que las órdenes que reciben del presidente de la República a través del ministro de Defensa Nacional sean sensatas e inspiradas en el bien general, y que el trato que dan a los militares sea justo y respetuoso; que se preserven y fortalezcan las virtudes, valores y principios militares; que las leyes, reglamentos y otras normas que las rigen, sean acertadas y oportunas; que los organismos institucionales sean los más idóneos; que el personal disponga el armamento y equipo para el cumplimiento de las misiones que les son asignadas; que cuenten con las instalaciones adecuadas para albergar al personal militar y para prepararlo profesionalmente; que dispongan de un sistema de bienestar social para su personal y sus familias, y que cuenten con el apoyo de la población.
El presidente de la República, autoridad máxima de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa y los mandos militares a través de sus acciones y liderazgo deben elevar la moral del personal militar, incrementar su confianza en sus propias capacidades, estimular sus virtudes, valores y principios, consolidar su cohesión y fomentar su trabajo entusiasta y abnegado. El contacto con sus subordinados es importante, es una forma de conocer en forma directa la situación que viven los miembros de las Fuerzas Armadas; sus capacidades, fortalezas, limitaciones y sobre todo sus necesidades.
Ahora más que nunca, el país requiere de unas Fuerzas Armadas cohesionadas, profesionales, abnegadas, patriotas, leales a su pueblo, respetuosas a la Constitución y sus leyes; siempre listas y dispuestas al fiel cumplimiento de sus misiones, aún las más difíciles, sin escatimar ningún esfuerzo y sacrificio.
