El actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, alcalde de Quito, es una de las 11 personas que fueron llamadas por la Fiscalía General a rendir versión voluntaria a finales de este mes. Esto en marco de una denuncia por presunto fraude procesal. Así lo confirmó David Meza, uno de los abogados del candidato a la alcaldía de la capital, Jorge Yunda.
Pues, el equipo que defiende a Yunda recibió la notificación la tarde del 7 de octubre. Meza cuestiona la demora de la Fiscalía para abrir la investigación previa. Según el abogado, la denuncia fue presentada con base a una notificación del juez sustanciador del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Richard González, emitida el 2 de septiembre de 2022.
Tras esta investigación se espera resolver si se ratifica o no la sentencia del 19 de agosto del TCE, en la que se ordenó sancionar a Yunda con dos años de suspensión de sus derechos políticos. Actualmente, Yunda mantiene su calidad de candidato pues su inscripción fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral.
Por ese motivo, González debe elaborar el proyecto de sentencia para atender las peticiones de nulidad y los recursos horizontales de aclaración y ampliación, presentados por Guarderas y los Conjueces Ocasionales del TCE, Jorge Baeza, Solimar Herrera y Francisco Hernández. Pero antes, González solicitó a la Fiscalía iniciar la investigación por «serios indicios de que se irrespetó la independencia judicial y la imparcialidad del Tribunal».
«Mientras no exista una investigación sobre el fraude procesal, que puede demorar de acuerdo al COIP (Código Orgánico Integral Penal) entre uno y dos años, la candidatura de Yunda y si llega a tener la confianza de Quito, tranquilamente puede convertirse en el nuevo alcalde», precisó Meza.
¿Indicios de fraude procesal?
Los supuestos indicios de la denuncia se sustentan en «hallazgos» de González. En la notificación del Juez Sustanciador se explica, por ejemplo, que el archivo digital Word, discutido y aprobado por el Tribunal que dictó la sentencia de mayoría (Conjuez Ocasionales Jorge Baeza, ponente del proyecto de sentencia; Solimar Herrera; y Francisco Hernández), señalaba en sus metadatos/propiedades como autor a Diego Zambrano, exfuncionario del Municipio.
Por esta razón, Meza dice que no es ético, hay fraude procesal y conflicto de intereses por ser Zambrano «un subordinado de Guarderas». Además aladió que «si Fiscalía encuentra que hubo delito, la sentencia de Baeza se anula».
Según el artículo 272 del COIP, el fraude procesal es sancionado con una pena privativa de uno a tres años.