Guayaquil, Ecuador
El 21 de enero de 1.987 el Congreso de la época le pidió la renuncia a León Febres Cordero para “asegurar la paz del país”. El Presidente había sido secuestrado cinco días antes por los “comandos de Taura” y los congresistas lo hicieron responsable de su propio secuestro. Y por eso le pidieron que se vaya. Jaime Nebot, el 16 de enero en la tarde encabezó una manifestación para defender la democracia y el régimen constituido. Muchos acudimos a esa manifestación.
Poco antes, en 1.986, León Febres Cordero había perdido una consulta imperdible: preguntó si los independientes podían ser candidatos sin necesidad de estar afiliados. Algo que en los papeles era elemental y todo el mundo reclamaba. Perdió la consulta.
En diciembre de 1.994 el Congreso de aquellos años pidió “que se observe” la conducta del presidente Sixto Durán Ballén luego de conocerse que un pariente político suyo, al que vincularon con el caso “Flores y Miel” había volado en el avión presidencial. La “observación” era el paso previo a un pedido de renuncia. A Sixto, totalmente inocente de este desaguisado, lo “salvó” la guerra del Cenepa que estalló el 26 de enero de 1.995, un mes después, con lo cual todo el mundo se olvidó de “Flores y Miel”.
Más adelante, en noviembre de 1.995 Durán Ballén impulsó una consulta popular en las que hubo 11 preguntas, algunas muy importantes como la reforma al IESS y las elecciones distritales y uninominales. Ganó el No. El país perdió otra magnifica oportunidad para efectuar reformas importantes, como ahora.
En las elecciones intermedias de 1994 a Sixto ya le había ido muy mal. Igual que a Borja en 1.990. La historia viene a cuento debido a las voces que se han levantado pidiendo la renuncia del Presidente Lasso luego de que el No venciera en las 8 preguntas de la consulta popular del 5 de febrero y que el Presidente perdiera también “su capital político” como alguien ha dicho por ahí.
Novedosa causal para salir de la presidencia. La asamblea debería aumentar en el art. 130 de la constitución (CRE) una que diga: Al presidente se lo podrá destituir: “3.- por perder su capital político”. Los constitucionalistas a los que los medios entrevistan todos los días deberían sugerirla. La pérdida de capital político no se encuentra enumerada tampoco entre las tres causales del art. 129 de la CRE para destituir un presidente.
El “capital político” es algo volátil. Sixto lo había perdido en diciembre de 1.994 y lo recuperó un mes después simplemente diciendo “Ni un paso atrás” cuando empezó la guerra del Cenepa. Y los ejemplos abundan en la historia patria. Al presidente solo se lo puede juzgar políticamente, según el 129 de la CRE por delitos contra la seguridad del estado, por peculado y afines, así como por delitos de lesa humanidad como torturas, genocidio y otras barbaridades.
La “grave crisis política y conmoción interna” del articulo 130, dicho sea de paso, ya se la ejerció y solo se la puede ejercer “una sola vez”. El coro para la renuncia lo forman lideres políticos, asambleístas, una manada de trolls en las redes sociales, y alguno que otro opinólogo. Durán Barba, por ejemplo, quiere que saquen al presidente “por pedante” y por su mala imagen.
El portal “Primicias” en un artículo aparecido en junio de 2021 indicaba que “La popularidad de 12 presidentes se diluyó en el ejercicio del poder”, lo que implica que la pérdida de popularidad ha sido consustancial a nuestra democracia y que quienes quieren que Lasso renuncie deben tener paciencia en su glotonería electoral y esperar hasta las elecciones de 2025.
Además, luego de estas elecciones “salvajemente libres” como diría Otto Arosemena, donde ha ganado la oposición, no hay tampoco ninguna crisis política, a no ser aquella que los vencedores de las elecciones quieran crear con premeditación y alevosía en las calles. De modo que no existe ninguna razón para pretender acortar el periodo del presidente, a no ser la codicia electoral y el revanchismo.
Codicia representada en las últimas declaraciones de Rafael Correa cuando responde que el acuerdo político propuesto por Lasso solo se puede dar con su renuncia y quiere aprovechar que su partido ganó las elecciones para poder tener más chance en elecciones anticipadas. No él, naturalmente, que no puede ser candidato debido a que tiene sentencia condenatoria y a que ya ejerció el mandato más de dos veces, sino otro militante.
Y el revanchismo, representado en el socialcristianismo que lo sigue acusando de subir los impuestos cuando en la aprobación de la ley fue cómplice y encubridor el correísmo al no votar en su contra y facilitar su aprobación por el ministerio de la ley. De modo que los actuales socios políticos de la 6 tienen responsabilidad en los impuestos.
Sin embargo, lo que verdaderamente no se le perdona es haber roto un acuerdo político con el correísmo el 15 de mayo de 2021, lo que era más que natural pues un par de meses antes el contendor de Lasso era justamente el correísmo. Aliarse en mayo/2021 era empezar el gobierno con un desprestigio absoluto. De modo que perder una consulta y no ganar las elecciones intermedias es parte de la historia patria, y el país lo que exige en estos casos es rectificaciones y no la renuncia.
Contribuir a la inestabilidad institucional es poco responsable y le hace un flaco favor a nuestra debilitada democracia, tan afectada por la inseguridad y por la narcopolítica, que acaba de vencer en la pregunta 1 a pesar de que el 49% del país votara “Si” a la extradición. Cosas de nuestra maltrecha democracia, como hemos dicho. Pero, así como hay que acatar este resultado, también hay que acatar que Lasso fue elegido por cuatro años. ¿O no?
