Fiscal comparece en audiencia que decidirá futuro del CPCCS

La fiscal Diana Salazar compareció, este 25 de septiembre, en la audiencia convocada por la Corte Constitucional en la cual se decidirá el futuro de Alembert Vera y otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En la audiencia se da seguimiento al dictamen 219 de la Corte Constitucional que blinda las actuaciones del CPCCS Transitorio. Así mismo, los miembros del CPCCS deberán comunicar sobre el proceso realizado por la institución en contra de la fiscal Salazar.

En su intervención, Salazar dijo que “el CPCCS convocó a una audiencia para exponer sobre los documentos usados en el concurso para Fiscal General, al que no asistí porque iba a avalar un incumplimiento”. De igual forma, acusó al organismo de dar pie al pedido de un “colectivo ciudadano”, para revisar la documentación de dicho concurso.

Salazar se dirigió a los jueces de la Corte Constitucional y señaló que “en sus manos está hacer respetar la supremacía de la Constitución y la Ley, a través de la destitución y sanción de todos quienes, con sus actuaciones, la han pisoteado”.

Por su lado Alembert Vera, presidente del CPCCS, manifestó que en el Consejo de Participación “no se ha seguido ningún proceso relacionado con la revisión de la designación” de la fiscal Salazar.

Medidas cautelares

El 19 de septiembre de este año, Vera indicó que estaba “preparando las acciones debidas de medidas cautelares y demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Teleamazonas informa que Vera habló de la audiencia convocada por la Corte Constitucional para revisar la creación de una veeduría ciudadana que pretende evaluar el trabajo del CPCCS Transitorio, a pesar de que las actuaciones del Consejo Transitorio quedaron blindadas legalmente.

Vera, quien fue abogado del expresidente Rafael Correa en el caso El Universo, declaró “el Pleno del CPCCS no ha tomado ninguna decisión. Instancias de esta institución cumplieron la orden de un juez constitucional para crear una veeduría fruto de la iniciativa de diferentes ciudadanos. Si existe contradicción entre la orden de un juez y algún dictamen previo de Corte Constitucional, es precisamente esta Corte a quien le corresponde resolver este dilema”.

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