Guayaquil, Ecuador
“El maquillaje es la práctica de decorar la piel y otras partes visibles del cuerpo para resaltarlas o mejorar su aspecto”; es decir, es una especie de engaño.
Los ecuatorianos estamos obligados a tolerar ese tipo de engaño, sobre todo, en tiempo de campañas electorales; además, recordemos la frase que se le atribuye a Otto von Bismark: “Nunca se miente tanto como antes de unas elecciones, durante la guerra o después de una pesca”.
En nuestro país, se hace necesario y urgente cambiar la Constitución actual y simultáneamente el llamado Código de la Democracia, ambos documentos hechos a la medida en el gobierno de Rafael Correa, verdaderos galimatías que entorpecen la correcta administración del Estado y que solo sirven a los obscuros intereses de su mentor.
Con la nueva constitución (Constitución de 1998 reformada), volveríamos a los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y el Congreso sería bicameral. La Cámara del Senado con máximo 30 miembros, con ciudadanas y ciudadanos mínimo de 45 años, con título de tercer nivel y probidad probada. Una de las responsabilidades de la Cámara del Senado sería nombrar a los miembros de los órganos de control en vez de ese bodrio desprestigiado llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
De esa forma, sin traumas y discusiones bizantinas se eliminaría como función o poderes del Estado al CPCCS y el Consejo Nacional Electoral (CNE) volvería a ser el Tribunal Supremo Electoral. La Cámara de Diputados, estaría conformada como máximo por 70 miembros, quienes deberían tener, mínimo 25 años, que no sean analfabetos funcionales, conspiradores a sueldo, que no obstruyan deliberadamente la labor del Ejecutivo y trabajen en función de país.
Igualmente se debería elaborar un nuevo Código de la Democracia, para tener verdaderos partidos políticos que fortalezcan la democracia y no maquinarias electoreras que todo deciden sus dueños, unos directamente y otros a telemando desde el exterior.
Los movimientos o partidos políticos, sólo deberían existir a nivel nacional, sus adherentes deben ser afiliados y para ser candidato la afiliación mínima debe ser de dos años antes de su postulación. Los candidatos para presidente y vicepresidente de la República y alcaldes no deberán tener relación familiar con su antecesor hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La prefectura debe eliminarse, es un organismo que está demás y sus responsabilidades se yuxtaponen con las del Estado. Nos cuesta a los ecuatorianos alrededor de 850 millones de dólares al año.
El Fondo Partidario Permanente, se debe revisar; si conviene o no entregar a los partidos políticos, desgraciadamente no cumplen con la obligación de destinar el 70% de esos recursos para formación de nuevos líderes, organizar seminarios, realizar investigación y publicaciones; más bien ese dinero hasta colocan a intereses (chulco) o gastan alegremente.
Igual, el Fondo de Promoción Electoral. es el monto económico que el Estado destina a las organizaciones políticas que participarán con candidatos; ojalá devuelvan el dinero gastado en candidatos que no alcanzaron el porcentaje mínimo que establece la ley. Es secreto a voces que algunos candidatos exigen un porcentaje del contrato con los medios con los que pautan su promoción; de ser cierto este acto de corrupción, sería una vergüenza sin nombre y debería ser severamente sancionado.
Los ecuatorianos aspiramos a encontrar un estadista con los arrestos necesarios para hacer estos cambios que el país requiere con urgencia.
