La excandidata a la Presidencia de Ecuador Luisa González se reafirmó en su denuncia de «fraude» en las últimas elecciones donde resultó elegido con 55,63 % de los votos válidos el actual presidente Daniel Noboa, pese a que el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) ratificó su postura de que fueron comicios transparentes, si bien presentó pautas para equilibrar la contienda en la campaña electoral.
«Asumo el deber cívico y moral de denunciar con claridad y responsabilidad que las elecciones de 2025 han estado marcadas por un fraude electoral e institucional, destinado a garantizar la continuidad en el poder de un gobierno que ha perdido legitimidad ante la ciudadanía», señaló González en un comunicado de Revolución Ciudadana (RC), el partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La excandidata insistió en la teoría no demostrada hasta ahora de que presuntamente se usaron papeletas con un compuesto químico para que la tinta de los favor a favor de ella quedase transferida a Noboa en el momento de doblar la papeleta e introducirla en la urna.
«El uso de manera ilegal e inaudita de dos clases de bolígrafos, uno con tinta normal y un segundo con tinta acuosa transferible, que con papeletas adecuadamente tratadas, permiten la transferencia de votos», sostuvo González, quien además señaló que «el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha investigado ni se ha pronunciado sobre este inexplicable hecho».
Así, la presidenta de la Revolución Ciudadana hizo un llamamiento «al país y a la comunidad internacional a investigar la gravedad de este fraude y su impacto en la legitimidad del gobierno electo», así como a «promover una auditoría electoral integral e independiente de todas las fases del proceso».
Unión Europea niega
También exigió «garantizar sanciones efectivas por el uso indebido de recursos públicos, impulsar reformas estructurales para asegurar elecciones limpias, transparentes y auténticas», y «fortalecer la educación cívica, la fiscalización del financiamiento político y la lucha contra la desinformación».
La misión de observación electoral de la UE descartó cualquier posibilidad de que se haya dado un fraude pero advirtió que durante la campaña hubo elementos desequilibrantes, como el hecho de que Noboa no solicitase licencia del cargo como exige la normativa electoral, lo que hizo que no hubiese claridad entre actividades oficiales y electorales.
Los observadores de la UE también detectaron confusión con la publicidad institucional que podían contener propaganda electoral, así como el uso de recursos públicos y la transparencia de la financiación de las campañas.
Por ello, González consideró que «el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea documenta graves irregularidades, deficiencias estructurales y vulneraciones a los principios democráticos que no pueden ni deben ser ignoradas ni minimizadas, pues evidencia la magnitud del engaño al pueblo ecuatoriano».
«Estas no son irregularidades menores ni errores aislados. Son prácticas deliberadas para distorsionar la voluntad popular y garantizar la continuidad del poder por medios ilegítimos», dijo la excandidata correísta.
Recursos públicos para campaña
«Entre los hechos más grandes se encuentran vacíos legales y ausencia de sanciones efectivas, diseñados para proteger el incumplimiento y la opacidad», apuntó González.
La correísta también habló de «falta de independencia y renovación de las autoridades electorales, subordinadas al poder político; uso descarado de recursos públicos para favorecer al candidato oficialista y manipular a los votantes», así como «financiamiento de campaña sin control ni fiscalización real.
González también apuntó que la misión de observación electoral de la UE, la más numerosa que estuvo a cargo de dar seguimiento al proceso electoral, registró «cobertura mediática estatal parcializada y propaganda gubernamental disfrazada de información».
También destacó la «difusión masiva de desinformación, incluso con contenidos falsificados mediante inteligencia artificial» y la «instrumentalización de la violencia política de género para silenciar opositores».
«Estos hechos configuran un proceso viciado, fraudulento e ilegítimo que contraviene los compromisos internacionales suscritos por Ecuador como el Pacto Internacional de Derechos, Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos», concluyó González. EFE
