La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para «perpetuarse en el poder», tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.
Es un fallo inédito, pues se trata de la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.
Cuatro de los cinco jueces de la sala hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático.
«El objetivo central de la organización criminal era asegurar la permanencia en el poder de Jair Messias Bolsonaro», afirmó Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala. Bolsonaro, de 70 años, se llevó el castigo más alto.
Solo uno de los magistrados votó por la absolución del exmandatario en este juicio, marcado por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para archivar el proceso mediante sanciones a los jueces del Supremo brasileño y aranceles del 50 % a los productos del país.
Tras conocerse la sentencia, Trump se declaró «sorprendido» y su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país responderá al fallo contra el líder ultraderechista.
Seis militares condenados
Seis de los ocho condenados son de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, recibió 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado. Otro es el excomandante de la Marina Almir Garnier. También hay tres generales de la reserva en la lista: Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto. Los cuatro fueron condenados a penas de entre 19 y 26 años de cárcel.
La sentencia aún no es firme; aún cabe recurso. La mayoría de la corte asumió las tesis de la Fiscalía y responsabilizó a Bolsonaro de valerse de las estructuras del Estado para poner en marcha un plan que buscó desmantelar los poderes constitucionales, deponer por la fuerza al Gobierno de Lula e imponer una «verdadera dictadura».
El juez relator, Alexandre de Moraes, enumeró trece actos de la trama, que se gestó a mediados de 2021, poco después de que Lula recuperara sus derechos políticos, tras ver anuladas sus condenas por corrupción, y empezara a despuntar en las encuestas con vistas a los comicios de 2022.
«Bolsonaro instrumentalizó el aparato estatal y movilizó agentes y recursos públicos para promover falsas narrativas que generaran inestabilidad social a fin de perpetuarse en el poder», declaró este jueves el magistrado.
El complot «ampliamente probado» empezó con una feroz campaña de desinformación contra las instituciones y las elecciones, ganó forma con graves amenazas a las autoridades y, finalmente, intentó materializar «un proyecto autoritario de poder» a través de actos violentos que se prolongaron hasta el 8 de enero de 2023.
Ese día tuvo lugar la última tentativa: miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia, para incitar una intervención militar.
«El 8 de enero de 2023 no fue un acontecimiento banal después de un almuerzo de domingo en el que las personas se fueron a pasear», apuntó con ironía Cármen Lúcia Antunes, quien acompañó el voto del relator junto con Cristiano Zanin y Flávio Dino.
A través de audios, documentos, mensajes y la confesión del exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, el tribunal constató que Bolsonaro editó decretos para establecer un estado de excepción e incluso avaló un plan macabro para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio De Moraes.
Solo fracasó por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica.
El único voto divergente tuvo la firma de Luiz Fux. El magistrado minimizó las pruebas de la Fiscalía y aseguró que no hay evidencias que demuestren que Bolsonaro actuó para imponer una dictadura; apenas se barajó esa posibilidad, algo que no consideró punible.
Bolsonaro espera amnistía
Bolsonaro, quien siempre ha negado que quisiera dar un golpe, escuchó la sentencia en su casa, en Brasilia, por motivos de salud. Sus esperanzas radican ahora en una amnistía que promueve su partido en el Parlamento y en nuevas sanciones del Gobierno de Trump, hasta ahora inútiles.
Sus problemas judiciales no empiezan ni terminan con esta condena. En 2023, fue inhabilitado por ocho años y aún es investigado por supuestamente intentar obstruir el juicio por golpismo, por diseminar noticias falsas y por apropiarse de unas joyas que serían del acervo estatal.
Mientras, en las calles, hubo tibios festejos de la izquierda y unas pocas protestas, con escasa afluencia, del bolsonarismo. EFE (I)