Guayaquil, Ecuador
Con la entrada en vigencia de la Ley para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), se establecen nuevas reglas fiscales para municipios y prefecturas. La norma fija porcentajes obligatorios de inversión y mecanismos de supervisión sobre el uso de los recursos públicos para que sean más eficientes al gastarlos.
Esto obliga a que al menos el 70% del presupuesto anual deba destinarse a la inversión, infraestructura, bienes y activos públicos que soporten la prestación de servicios y solo el 30% restante para gasto corriente. En caso de no cumplir con esta regla los GAD recibirán sólo las asignaciones mínimas que establece la constitución.
De parte de algunas autoridades locales ya se han sumado varias demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, esto porque se impone una camisa de fuerza presupuestaria por parte de la Asamblea Nacional, lo que para muchos elimina la autonomía de los alcaldes y prefectos.
En primera instancia, estoy en contra de la ley porque considero que vulnera el principio de autonomía, esto es el hecho de que las autoridades locales son electas por voto popular y son responsables ante sus ciudadanos, por lo que deben poder ejecutar su presupuesto como consideren, y de hacerlo mal o no cumplir con sus compromisos de campaña el castigo debe ser político, en las urnas. La descentralización implica libertad para decidir, no solo para ejecutar órdenes.
Sin embargo, el hecho de que se vean obligados a cumplir esta regla y que sus presupuestos puedan verse afectados demuestra el problema estructural real de nuestras ciudades. La cuestión no es el porcentaje que reciban del Estado, sino que no son realmente autónomos. Dependen de transferencias, y cuando dependes financieramente, tu autonomía es limitada. No existe autonomía real cuando el presupuesto depende del Gobierno Central.
Entonces o las autoridades locales empiezan a defender la autonomía, basada también en independencia económica o se centralizan de forma transparente, aceptando que en el modelo actual no son realmente autónomos.
Finalmente, esta ley solo será coherente cuando el ejecutivo que exige a los demás un 70% del presupuesto en inversión, predique con el ejemplo, ¿Por qué el gobierno central no está obligado a lo mismo? No puede haber disciplina selectiva. Por lo que si el gobierno va a imponer reglas espero que también las aplique sobre sí mismo.
Si este es el caso, entonces yo también estaré de acuerdo con la ley.