Quito, Ecuador
La historia demuestra que cuando los Estados elevan barreras comerciales, los mercados ilegales reaccionan con rapidez. Ecuador y Colombia se encuentran en una dinámica de confrontación arancelaria sostenida, el impacto no se refleja solo en el comercio formal, las exportaciones o al precio de ciertos productos.
El efecto más sensible se está produciendo en la frontera binacional, donde las economías ilícitas tienen capacidad de adaptación inmediata y donde el crimen organizado suele aprovechar cada reacción estatal para expandirse.
La frontera entre Ecuador y Colombia no opera únicamente como una línea geográfica. En términos reales, funciona como un sistema complejo compuesto por pasos oficiales, comunidades transfronterizas, redes logísticas, ríos, caminos rurales, corredores secundarios y nodos comerciales.
Cuando el intercambio legal se encarece o se ralentiza, parte de la demanda se traslada hacia circuitos clandestinos. Ese fenómeno ha sido visible históricamente en diversas regiones del mundo y la zona andina no constituye una excepción.
En este escenario, el primer beneficiario sería el contrabando organizado. Productos sometidos a mayores impuestos o restricciones —alimentos, combustibles, textiles, medicinas, tecnología o insumos agrícolas— comenzarían a circular por rutas informales mediante redes ya existentes o rápidamente reactivadas.
Las organizaciones criminales no necesitan construir nuevas estructuras desde cero; normalmente reutilizan corredores previos, contactos locales, sistemas de almacenamiento y cadenas de distribución clandestina.
Los sectores fronterizos con mayor vulnerabilidad histórica tenderían a registrar presión inmediata.
- El eje Tulcán–Ipiales, por ser el principal nodo terrestre binacional, suele experimentar incremento de trochas rurales, pasos hormiga y desvíos logísticos cuando existen diferencias de precios o mayores controles (contrabando).
- En la zona andina alta, sectores como Maldonado, Tufiño y Chiles presentan riesgos asociados al tránsito menor por caminos vecinales (contrabando, tráfico de armas, minería ilegal y en menor grado narcotráfico).
- En la costa norte, el corredor Mataje–San Lorenzo combina selva, esteros y acceso marítimo, lo que incrementa su sensibilidad para economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, y tráfico de armas).
- En la Amazonía, los entornos del río San Miguel, Putumayo, Lago Agrio y Puerto El Carmen mantienen valor estratégico para movilidad clandestina y redes transnacionales (narcotráfico y minería ilegal).
El segundo gran beneficiario sería el narcotráfico. La razón es simple: las rutas usadas para mover mercancía ilegal sirven también para transportar cocaína, precursores químicos, armas, dinero en efectivo y personas.
Cada corredor clandestino abierto por razones comerciales reduce costos logísticos para otras actividades criminales. Lo que comienza como contrabando puede terminar convertido en infraestructura al servicio de organizaciones narcotraficantes.
A ello se suma el componente social considerado por los gobiernos como secundario en esta guerra arancelaria. Cuando cae el comercio formal, pequeños transportistas, cargadores, comerciantes informales y trabajadores fronterizos pierden ingresos. Las estructuras criminales aprovechan esa vulnerabilidad ofreciendo pagos rápidos por funciones de bajo nivel: vigilancia, traslado, almacenamiento, mensajería o guía territorial.
De esta manera, una crisis comercial puede transformarse también en una crisis de reclutamiento criminal.
La disputa arancelaria también genera una repercusión en las instituciones encargadas del control y la seguridad, así como una reducción de cooperación binacional. Cuando dos gobiernos priorizan tensiones comerciales, suele disminuir la coordinación aduanera, el intercambio de inteligencia y la planificación operativa conjunta. Ese vacío es aprovechado por actores ilegales que se mueven con velocidad superior a la burocracia estatal.
Sin embargo, el verdadero problema no es la existencia de trochas o pasos informales. La amenaza central es la rentabilidad criminal. Mientras mover mercancía ilegal sea más rápido, barato y rentable que hacerlo legalmente, los corredores clandestinos seguirán apareciendo o mutando. Por ello, concentrarse únicamente en cerrar pasos físicos resulta insuficiente.
La respuesta estratégica exige actuar sobre los nodos que sostienen la economía ilícita: centros de acopio, bodegas, rutas internas (controles de carreteras), estaciones de combustible, flujos financieros, lavado de activos, corrupción local y redes de transporte vinculadas.
Paralelamente, Ecuador y Colombia deberían preservar mecanismos de cooperación fronteriza aun en medio de desacuerdos comerciales, evitando que una diferencia económica se convierta en una ventaja para las mafias.
La experiencia histórica deja una conclusión clara: en las fronteras sensibles, cuando el comercio legal se contrae, el comercio criminal se expande. Ningún Estado gana cuando las barreras económicas fortalecen a las organizaciones ilícitas.
En esta guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia, el vencedor más probable no estaría en Quito ni en Bogotá, sino en las estructuras criminales que prosperan cada vez que el Estado fragmenta su capacidad de control.