Guayaquil, Ecuador
La situación actual del sector arrocero representa una de sus peores crisis de la últimas tres décadas. La necesidad de políticas públicas efectivas y de una mayor coordinación institucional entre el Estado y el sector privado es fundamental para enfrentar este momento de complejidad que atraviesa el sector.
En Ecuador, la superficie dedicada al cultivo de arroz muestra una marcada tendencia descendente desde inicios de los años 2000. El año 2005 representó el punto máximo, con cerca de 420.000 hectáreas sembradas. Desde entonces, la cifra ha caído de manera sostenida hasta alcanzar unas 260.000 hectáreas en 2025, lo que implica una reducción de aproximadamente 160.000 hectáreas en dos décadas y unas 100.000 hectáreas menos respecto al nivel registrado en el año 2000.
En países vecinos como Perú y Colombia, donde el arroz tiene igual relevancia que en Ecuador, tanto en la producción como en el consumo, la superficie sembrada se han mantenido relativamente estable en los últimos veinte años, con una ligera tendencia a la expansión. En contraste, en Ecuador ha disminuido en aproximadamente un 38%.
Este comportamiento productivo resulta relevante al analizar el denominado eje arrocero del país. Dicho concepto hace referencia a una franja territorial continua en la que el arroz constituye la principal actividad económica, no solo por la extensión cultivada, sino también por el empleo que genera, el comercio asociado y los encadenamientos productivos que dinamizan la economía de la zona.
Por ejemplo, en cantones de la provincia del Guayas como Nobol, Daule, Santa Lucía, Palestina, la producción arrocera junto con sus servicios asociados, representan entre el 70% y 80% de la economía local y constituye más del 50% de la población rural de la provincia.
En cuanto al consumo, cada ecuatoriano ingiere en promedio 50 kilogramos de arroz al año. En términos de importancia, es el principal alimento básico. Por consiguiente, de seguir la tendencia actual de decrecimiento en la superficie de producción, podría existir en el futuro el riesgo de desabastecimiento.
El problema actual del sector arrocero radica en la colocación de excedentes. Normalmente, estos han oscilado entre 60.000 y 100.000 toneladas métricas, cuyo destino tradicional ha sido Colombia. Sin embargo, ese mercado se ha restringido gradualmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos, firmado el 2006 y que entró en vigencia en 2012.
Hoy, con la imposición del arancel recíproco del 50%, y la prohibición del ingreso de arroz ecuatoriano por vía terrestre a Colombia, resulta totalmente inviable la posibilidad de exportar el producto a ese país. Desde hace muchos años, tanto los gobiernos como el sector privado han manifestado la intención de abrir nuevos mercados; no obstante, nunca se ha concretado.
El gobierno en febrero de 2026, emitió el Decreto Ejecutivo 307, que autoriza al Estado ecuatoriano a almacenar y vender 20.000 toneladas métricas de arroz, con el fin de disminuir la presión de la baja de precios generada por los excedentes. En agosto del 2025, el gobierno se comprometió a comprar 50.000 toneladas métricas, sin embargo, no cumplió, lo que incidió fuertemente en la crisis actual.
Por otro lado, los gremios arroceros centran sus demandas en el precio mínimo de sustentación. Este enfoque, básicamente coyuntural, deja a un lado los problemas estructurales del sector, relacionados con la ineficiencia productiva, la falta de políticas de comercialización, las limitaciones en el acceso al financiamiento, la escasa inversión en tecnología, el débil fortalecimiento de las asociaciones de productores y la falta de diversificación de los mercados externos.
En consecuencia, el sector arrocero, requiere evolucionar de una cultura de paternalismo hacia una de competitividad, basada en la tecnología, productividad y apertura de nuevos mercados.