Bruselas, Bélgica
La controversia golpeó al gobierno saliente de José María Balcázar tras su anuncio de posponer la firma del contrato de adquisición de 24 aviones F-16 de fabricación estadounidense para la Fuerza Aérea del vecino sureño (FAP). Esto, pese a que ya se habían realizado pagos al fabricante de los aviones y a que ya se habría firmado el contrato, llevó a la renuncia de los ministros peruanos de Defensa y de Relaciones Exteriores.
El anuncio de Balcázar casi derivó en un incidente diplomático, en paralelo a una crisis política interna, con repercusiones en la relación Perú-EE. UU. UU. en medio del actual tumultuoso proceso electoral.
De concretarse, la adquisición peruana se constituiría en una suerte de retorno a casa (homecoming), no solo tecnológico, sino también geopolítico, para Lima. Eso sí, con un incierto potencial de realización más allá de los compromisos asumidos, debido a la reciente controversia y a la actual dinámica electoral en Perú.
De confirmarse la compra en el gobierno que salga electo en junio, los F-16, de los cuales ya se desembolsaron USD 462 millones al fabricante Lockheed Martin, supuestamente contra la voluntad del presidente Balcázar, reemplazarían a una serie de ya muy datados aviones de combate de superioridad aérea que Lima posee desde hace décadas y que, pese haberlos actualizado en el tiempo dentro de lo económica y tecnológicamente posible, ya van de salida del servicio de la FAP.
La columna vertebral de la disuasión aérea de la FAP la constituyen los 11 aviones (originalmente 12) Mirage 2000 (originalmente 12) de fabricación francesa, adquiridos entre 1985 y 1986. Estos fueron posteriormente reforzados por aviones Mikoyan MiG-29, ejemplares de segunda mano adquiridos en 1995-96 a la exrepública soviética de Bielorrusia, que los heredó de la URSS, a los que se sumaron, por último, tres MiG-29SE de fábrica comprados a Rusia en 1998.
Golpe de timón tecnológico y político
Tecnológicamente, esta adquisición es un retorno a casa para el Perú en un aspecto estratégico para su seguridad nacional: la defensa aérea. Perú fue, en su momento, desde mediados del siglo pasado, un cliente sudamericano de EE. UU. en lo que a la aviación militar respecta, incluso antes de la creación oficial de la FAP en 1950.
El otrora Cuerpo Aeronáutico del Perú operó aviones de fabricación norteamericana desde los años 1920, como los North American NA-50, apodados “Torito”, notablemente empleados en la invasión y el conflicto con Ecuador durante 1941-42.
Posteriormente, entre las décadas de los 50 y los 70, la FAP se establece en la era del jet con una flotilla de aviones jet de combate subsónicos como el F-86F Sabre, también fabricado por North American, el Lockheed P-80 y el británico Hawker Hunter. A fines de los 60, la FAP entra en la era supersónica al convertirse en el primer operador sudamericano del Mirage 5 francés de Dassault.
Sin embargo, el golpe de Estado de 1968 del general Juan Velasco Alvarado y el régimen militar nacionalista que se extendió hasta 1980 enfriaron dicha relación. El régimen de Velasco (1968-75), abiertamente nacionalista y de izquierda, se acercó a la Unión Soviética y a Cuba.
Fuertemente movido por el irredentismo y por recuperar los territorios perdidos frente a Chile durante la Guerra del Pacífico (1879-83), Velasco realizó masivas compras de armamento ruso. Esto, en preparación para una invasión contra el Chile de Augusto Pinochet, planeada para 1975, que no se concretó por el derrocamiento de Velasco en agosto de ese año.
Dichas adquisiciones, que continuaron incluso después de la caída de Velasco, entre aviones, tanques y sistemas de artillería, se vieron en parte motivadas por la negativa de Estados Unidos a proporcionar aviones de combate F-5 Tiger al Perú. Por tanto, tras volverse el régimen peruano a la URSS, se incorporaron notablemente aviones supersónicos Sukhoi Su-22 y helicópteros de transporte y ataque Mil. Estas compras introdujeron al Perú en el ecosistema tecnológico, logístico y doctrinario de la operación de aeronaves de fabricación rusa.
Reajuste geopolítico
Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región.
— Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026
La compra llega en un momento en que la inestabilidad política peruana no ha sido ajena a las presiones y tensiones geopolíticas. La más grave fue, tal vez, la propia amenaza del embajador de EE. UU. en Lima, Bernie Navarro, sobre la aplicación de instrumentos comerciales tras la noticia del aplazamiento.
Posteriormente, el embajador norteamericano se reunió en el Palacio de Pizarro con el primer ministro, tras lo cual se echaron, aparentemente, paños fríos al asunto.
Dicha reacción revela la prioridad de establecer la dependencia estratégica peruana en el ecosistema (entrenamiento, mantenimiento, repuestos, uso, transferencia, etc.) que subyace a la venta y operación de estos sistemas de armas en los aliados de EE. UU., en especial cuando Perú ya fue designado a inicios de este año como aliado no miembro de la OTAN, lo cual también otorga al país preferencia en estas adquisiciones, así como en apoyo logístico, entrenamiento, intercambio de información y cooperación militar con los países de la alianza atlántica.
Pero, sobre todo, esta adquisición buscaría también equilibrar la influencia estadounidense frente a China, en particular. Tras la puesta en operación del puerto chino de Chancay, este tema resulta delicado para Perú en su relación con EEUU.
A fines de 2024, Mauricio Claver Carrone, expresidente del BID, cercano colaborador del presidente Donald Trump y hoy Enviado Especial del Departamento de Estado para América Latina, planteó la idea de imponer aranceles del 60% a los productos de China y de América Latina que pasen por Chancay. De hecho, más allá del arancel del 10% aplicado al país (excepto en ciertos productos agrícolas), al igual que al Ecuador y a otros países de la región, a Perú se le aplicó hace unas semanas un arancel del 50% a productos de cobre.
Estas medidas y las reacciones del embajador Navarro han suscitado cuestionamientos sobre la naturaleza real de la relación Perú-EE. UU. en el debate político peruano.
Sin embargo, pese al bache que representó el incidente y la subsecuente crisis, Perú juega de todas formas también sus cartas geopolíticas, como la de adquirir los F-16 y, más recientemente, helicópteros Black Hawk donados para combatir el narcotráfico, y tras autorizar a fuerzas especiales militares de EE. UU. a entrar al país para entrenar a sus pares peruanas.
TWEETS CRÍTICAS
F-16 con y sin (¿?) Keiko
El acuerdo no tendría problemas de ganar la conservadora y controversial Keiko Fujimori en la venidera segunda vuelta, quien apoya la adquisición. Dichas chances podrían verse más difíciles de salir electo el no menos controvertido candidato de izquierda radical de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, uno de cuyos aliados es Antauro Humala, otro radical izquierdista y nacionalista, quien pasó casi 18 años de prisión por una sangrienta rebelión militar en 2005.
Humala también es un radical antichileno, con las mismas posturas irredentistas que el otrora Velasco Alvarado, quien llamaba a recuperar Arica y Tarapacá de Santiago. Chile, vale notar, ya opera F-16 desde hace más de dos décadas y también es un importante aliado estadounidense en la región, como se demostró recientemente en ejercicios militares conjuntos entre sus fuerzas aéreas y navales.
Por tanto, vale preguntarse si la venta y provisión de los F-16 se volverían a poner en duda en caso de una victoria de Sánchez y JP, si pasaran a segunda vuelta. Que un exmilitar golpista, ultra radical nacionalista, antiestadounidense y antichileno, cuyo perfil ha ido voceado para posible ministro del interior e incluso de defensa, pese a negaciones y distanciamientos posteriores, pueda tener una posición de poder y, sea por un cargo oficial o a través de sus seguidores radicales en las fuerzas armadas, tenga acceso a armas del Estado, podría ser un factor de preocupación no solo en Washington pero también en Santiago y también debería seguirse con atención desde Quito.
Todo esto podría, nuevamente, y esta vez del lado de la administración Trump, llevar a cuestionar o poner en tela de juicio el acuerdo.
Hacia mayor cooperación o conflicto
En conclusión, la adquisición de los F-16 sigue por el momento y representa un giro de timón no solo tecnológico, sino que también consolida un giro geopolítico para Perú hacia una mayor cooperación militar y un mayor alineamiento en seguridad con EE. UU. Sin embargo, el descalabro político, institucional y comunicacional del gobierno saliente, así como las volátiles dinámicas político-electorales que aún vive el país, no hacen enteramente implausible que el acuerdo sobre los F-16 no vuelva a ponerse en duda.
La posibilidad de que un gobierno de izquierda radical, en el que podría tener poder, influencia o incluso acceso a armas, sea directamente o por medio de aliados y seguidores en las fuerzas de seguridad peruanas, un impredecible y díscolo radical nacionalista irredentista, con un discurso homofóbico, de tintes fascistas y racistas, de excéntrico pensamiento y personalidad, podría ser potencialmente alarmante para EE. UU., sus aliados regionales y otros gobiernos de la región. Y si bien el temor a la influencia que Humala pueda ejercer en un potencial gobierno de Sánchez podría exagerarse, la sola posibilidad de un nuevo régimen de izquierda antiestadounidense en la región no hace, por tanto, implausible que el también impredecible presidente Donald Trump y su administración vuelvan a tener a Perú como una fuente potencial de irritación y conflicto en la región. Esto los llevaría a redoblar esfuerzos a futuro, ya tal vez no tan diplomáticos, para mantener su influencia geopolítica.