Pacientes de cáncer y diálisis que viven en la Amazonía ecuatoriana denunciaron este lunes frente a la Asamblea Nacional el retraso de ocho meses en el pago de los recursos destinados a su atención, lo que ya ha provocado -según dijeron- decenas de fallecidos por no haber recibido el tratamiento médico que les corresponde.
Representantes de los enfermos, activistas y autoridades locales, aseguraron que el Gobierno de Daniel Noboa no ha transferido los fondos comprometidos a través de la Secretaría Técnica de la Amazonía (CTA), pese a existir convenios firmados y dos resoluciones judiciales favorables.
«Hay un incumplimiento total del Gobierno», afirmó el abogado Pablo Fajardo, quien explicó que el problema es que los recursos «se asignan, pero no se entregan».
Fajardo aseveró que, desde la entrada en vigencia de un nuevo convenio en enero de 2025, la CTA debía transferir 1,3 millones de dólares para pacientes, pero ni esa entidad ni el Ministerio de Economía y Finanzas han entregado los recursos, indicó.
Por su parte, el opositor asambleísta correísta Vicente Báez criticó el manejo de los fondos provenientes de la explotación petrolera en la región. «¿Cómo es posible que la provincia que más recursos genera esté viviendo esta catástrofe en salud y empleo?», cuestionó.
Báez calculó que la participación del 4 % del precio de cada barril de petróleo que corresponde a la Amazonía equivale actualmente a más de tres dólares por barril, por lo que, sobre una producción promedio de 400.000 barriles diarios, supondrían más de 480 millones de dólares al año para el Fondo Común Amazónico.
Decenas de fallecidos
Fernando Vega, representante de los pacientes, explicó que algunos enfermos deben viajar hasta dos días por el río Napo para llegar a centros médicos, lo que agrava su situación.
Según Vega, desde octubre pasado han fallecido treinta personas, seis de ellas pertenecientes a la fundación que agrupa a estos pacientes y otras veinticuatro que no habían podido incorporarse al convenio entre la CTA y Cáritas, del Vicariato Apostólico de Aguarico, por la falta de desembolso de los recursos, dijo.
Adán Santana Ortiz, también representante de pacientes, vinculó además la situación sanitaria con los impactos ambientales, y denunció problemas de contaminación derivados tanto de la actividad petrolera como de la minería legal e ilegal.
Afirmó que gran parte de la población consume agua de pozos o ríos supuestamente contaminados, en una provincia donde, aseguró, «el 80 % no conoce el agua potable».
«No pedimos limosna, exigimos un derecho», coincidieron ambos. EFE (I)