Guayaquil, Ecuador
Una reciente resolución del Servicio de Rentas Internas cambia la forma en que se factura el transporte terrestre comercial, la resolución aplica a la carga pesada, liviana, transporte escolar e institucional, turístico, mixto y alternativo o excepcional.
Los principales cambios consisten en que los propietarios de unidades de transporte ya no podrán facturar directamente al cliente final, solo las operadoras o empresas legalmente autorizadas podrán emitir la factura a los clientes.
Según el SRI la medida busca reducir la evasión tributaria, mejorar la trazabilidad de las operaciones y asegurar que los comprobantes sean legalmente autorizados. Con esto, se espera combatir la informalidad, la competencia desleal y dificultar que personas y empresas presten el servicio sin cumplir la ley.
Desde una perspectiva económica, el problema no es quien emite la factura, sino que es el Estado el que en última instancia decide quién puede tener relación comercial con el cliente, lo que favorece la concentración de poder en unos pocos oligopolios.
Algunos problemas de esta intervención estatal son que se elimina la relación directa entre quien produce el servicio y quien compra, el Estado se encuentra introduciendo un intermediario obligatorio que no surge porque el mercado lo demande sino porque la regulación lo impone, reduciendo la capacidad del mercado para descubrir formas mas eficientes de organizarse.
Con estas decisiones se fortalece un poder oligopólico que no nace del mercado sino de privilegios legales, cuando esto sucede la competencia deja de depender de la eficiencia y pasa a depender del acceso al favor político. Esto destruye el emprendimiento y la innovación porque si un transportista ya no puede construir su propia cartera de clientes ni diferenciarse comercialmente, pierde incentivos para ser mejor y atraer clientes.
La función empresarial consiste en descubrir nuevas formas de satisfacer mejor al consumidor, pero cuando se establece que las relaciones comerciales pasan solo por una empresa autorizada el espacio para descubrir nuevas oportunidades disminuye y se elevan las barreras de entrada al mercado.
Todo esto aumenta la burocracia y los costos de transacción que no agregan valor al transporte pero que si encarecen el precio final del servicio.
Nada de esto mejorará el funcionamiento del mercado. Paradójicamente esta regulación presentada como mecanismo de orden terminará debilitando la competencia y limitando aún más el crecimiento y creación de riqueza.