Carlos Cobo
Guayaquil, Ecuador
En política es muy fácil ampliar derechos y beneficios. Basta con aprobar una ley y anunciar que se está “protegiendo” a determinado grupo. Lo difícil es responder una pregunta fundamental: ¿quién paga el costo?
La Asamblea Nacional continúa tratando un paquete de reformas al Código de la Niñez que lleva años en discusión. Aunque seguramente contiene propuestas positivas, algunas de ellas han generado críticas por la forma en que alteran los incentivos dentro del mercado laboral.
Una de las discusiones que ha frenado el debate es la intención de ampliar la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas. Y no es que conceder más tiempo a las madres sea algo negativo. Pero desde una perspectiva económica debemos entender que la ley puede obligar a una empresa a conceder un beneficio, pero no puede impedir que el empleador tenga en cuenta sus costos al momento de contratar.
Ese es el verdadero punto que debe entrar en el debate. Políticamente es muy fácil otorgar más semanas de licencia, pero alguien debe asumir los costos que genera la ausencia temporal de una trabajadora: la reorganización de las actividades, la reducción de la productividad o la contratación y capacitación de un reemplazo.
A medida que aumentan los costos asociados a la contratación, los incentivos pueden cambiar. Un empleador podría preferir contratar hombres para determinados puestos, exigir mayor experiencia o productividad, ofrecer menores salarios para compensar posibles costos o favorecer contratos temporales e informales antes que una contratación indefinida.
Este tipo de leyes, diseñadas para proteger a las mujeres, pueden terminar reduciendo sus oportunidades laborales. La ley puede prohibir la discriminación, pero no puede prohibir que los costos existan. Por eso, una política no debe juzgarse únicamente por sus buenas intenciones, sino también por los incentivos que crea y sus consecuencias.
El problema es aún mayor cuando se considera la realidad empresarial ecuatoriana. Según datos del INEC, las micro, pequeñas y medianas empresas concentran cerca del 54% de las plazas de empleo registrado del país. Una gran empresa puede absorber con mayor facilidad los costos de una regulación laboral, distribuir las tareas entre una plantilla amplia o contratar temporalmente a un reemplazo.
Para un pequeño negocio, con pocos trabajadores y recursos limitados, la misma obligación puede representar una carga mucho mayor.
Cuando se aprueban este tipo de medidas, se corre el riesgo de convertir a los empleadores en financiadores forzosos de políticas sociales sin considerar que no todos tienen la misma capacidad para asumir nuevos costos. Una regulación aparentemente igual para todos puede terminar afectando de forma desproporcionada a los pequeños negocios.
Porque los beneficios no aparecen por decreto y los costos no desaparecen por ley. Cuando el Estado decide crear una nueva obligación, el verdadero debate no debe ser únicamente cuánto se protege a unos, sino quién terminará pagando esa protección.