Tras acumular seis intentos fallidos de instalación debido a sucesivos ingresos hospitalarios del exmandatario, el Tribunal de Juicio finalmente logró reinstalar la sesión pasadas las 17:00 de este miércoles. El proceso judicial avanza bajo un ambiente de alta expectativa política y fuerte resguardo policial en los exteriores del centro médico al norte de Guayaquil, donde rige una orden de aprehensión preventiva contra el procesado una vez reciba el alta formal.
Sin embargo, desde su cuenta de X se adelantó al fallo e indicó: «Hoy a las 17H00 me sentenciarán de 5 a 7 años de prisión, pero quiero que entiendan que ya podré defenderme y el pais conocerá las cosas horrorosas de este proceso y aclararé todas las barbaridades que desde las redes sociales y Ecuavisa se han dicho», expresó.
El contraataque judicial de la defensa
Minutos antes de que los magistrados tomaran la palabra, la defensa técnica de Abdalá Bucaram interpuso un recurso de recusación en contra de los jueces. El pedido exigía suspender la reinstalación de la causa; sin embargo, el Tribunal negó de forma unánime el aplazamiento, determinando que este tipo de recursos no frena el curso legal de una sentencia oral en marcha. Tras los primeros alegatos de la Fiscalía, la diligencia entró en un breve receso técnico con el fin de incorporar un perito traductor para Sheinman Oren, ciudadano israelí también implicado en la causa.
Alertas de salud y polémica institucional
Por medio de sus redes oficiales, Bucaram Ortiz manifestó que solicitó el alta de forma voluntaria a pesar de enfrentar, según sus palabras, un «peligro latente de muerte súbita» debido a más de 13.000 arritmias ventriculares detectadas. En el mismo mensaje, el exjefe de Estado adelantó que proyecta una condena de entre cinco y siete años de prisión, aunque reiteró su inocencia y la de su hijo, Jacobo Bucaram, quien también forma parte de los procesados.
La seguidilla de hospitalizaciones del expresidente en tres centros médicos distintos (Omnihospital, Interhospital y Clínica Borja) durante las últimas semanas levantó suspicacias en el sistema judicial. Días atrás, la jueza Ivone Vásquez advirtió sobre un «patrón recurrente» de quebrantos de salud que coincidían estrictamente con los llamados de la justicia. A raíz de esto, el Tribunal ordenó al Ministerio de Salud Pública una auditoría integral a los informes médicos emitidos por estas clínicas de Guayas para descartar un posible delito de obstrucción a la justicia.
La Fiscalía General del Estado sostiene que los implicados estructuraron una red delictiva dedicada a la comercialización irregular de insumos médicos y aproximadamente 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico en los meses más críticos de la emergencia sanitaria de 2020. Al cierre de este reporte, el Tribunal continuaba con la lectura de los elementos de convicción institucionales para dictar el veredicto definitivo de forma oral. (I)