«No hay crimen perfecto» es el título del tercer capítulo de la serie documental sobre el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, presentado en agosto de 2026 por sus hijas, Amanda y Tamia Villavicencio, en colaboración con el portal periodístico La Fuente.
Esta entrega se enfoca principalmente en denunciar una presunta operación de encubrimiento y manipulación de información ejecutada tras el asesinato ocurrido el 9 de agosto de 2023.
El documental sostiene que, tras los disparos que acabaron con la vida de Villavicencio, se activó una red orientada a modificar testimonios, construir versiones exculpatorias y desacreditar las investigaciones en curso. La producción expone elementos del expediente judicial que detallan estos movimientos, los cuales buscaban controlar el relato público y judicial sobre el caso.
El capítulo reconstruye las huellas e indicios que quedaron en la indagación, entre los que se destacan:
- Testigos y procesados: Se aborda la situación de los implicados que fueron asesinados en prisión, los intentos por cooptar a testigos protegidos y el rol de figuras como Marcelo Lasso.
- Dispositivos y grabaciones: Se mencionan audios y reuniones grabadas por el expolicía Rodney Rengel, las cuales terminaron incorporadas al expediente de la Fiscalía General del Estado.
- Señalamientos directos: La investigación de las hijas apunta a presuntos vínculos y coordinaciones que involucrarían a actores políticos y prófugos de la justicia ecuatoriana, en el marco del proceso por autoría intelectual.
Hostigamiento contra la familia
Amanda y Tamia Villavicencio denuncian en este episodio que actualmente enfrentan campañas de descalificación, hostigamiento y amenazas. Según afirman, se trata del mismo método sistemático de persecución que sufrió su padre antes de ser asesinado, aplicado ahora contra ellas por continuar investigando el crimen.
Impacto y difusión pública
La difusión de este tercer capítulo adquirió una alta relevancia política al ser transmitido incluso en cadena nacional en Ecuador. Este hecho generó un intenso debate en el país sobre el uso de los espacios oficiales del Ejecutivo para la propagación de este material audiovisual, en medio del avance de las audiencias judiciales del caso. (I)