El tribunal de juicio a cargo del emblemático caso «Pruebas COVID-19» dispuso al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional la localización y aprehensión del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, tras frustrarse por sexta ocasión consecutiva la reinstalación de la audiencia para la lectura oral de su sentencia.
La fiscal del caso, Lidia Sarabia, calificó las repetidas dilaciones como un acto “inadmisible, inaudito y sin precedentes” y advirtió que, de no concretarse su comparecencia a la plataforma virtual, se hará efectiva una orden de aprehensión en su contra.
El proceso penal, que investiga el presunto delito de delincuencia organizada, involucra al exmandatario, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley, al ciudadano extranjero Sheinman Oren y al exagente de tránsito Leandro Berrones.
Según la teoría de la Fiscalía General del Estado, los procesados habrían integrado una estructura delictiva dedicada a la comercialización irregular de más de 21.000 pruebas de diagnóstico y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria del año 2020.
La defensa del expresidente justificó su nueva inasistencia alegando complicaciones de salud derivadas de una reciente intervención quirúrgica cardíaca. Sin embargo, luego de que el Tribunal ordenara a la fuerza pública acudir a la casa de salud para facilitar su conexión telemática, los reportes policiales indicaron que el personal clínico no brindó las facilidades necesarias para verificar su paradero exacto.
Prescripción
Ante la inminente alerta de prescripción de la causa, las autoridades judiciales intensificaron las acciones para obligar la comparecencia de los implicados y garantizar el cierre del dictamen judicial.
La Fiscalía acusa al expresidente, a su hijo y a otras dos personas de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria».
De acuerdo con las investigaciones, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país ubicada en Guayaquil, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras».
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, declararon en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.
El tribunal también dispuso que el Ministerio de Salud realice una auditoría a los informes que han emitido los hospitales en los que ha estado el exmandatario para, de ser necesario, pedir que se inicien investigaciones contra los centros médicos por una supuesta obstrucción a la justicia.
- Con reportes de EFE. (I)
