La Fiscalía General del Estado solicitó formalmente al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que niegue las 12 solicitudes de suspensión condicional de la pena presentadas por los condenados por el delito de cohecho en el caso Sinohydro, entre los que constan el expresidente Lenín Moreno y miembros de su núcleo familiar.
Durante la audiencia de este lunes 7 de septiembre de 2026, el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, fundamentó la postura del Ministerio Público señalando que los recurrentes no cumplen de manera conjunta con los requisitos legales establecidos en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Alarcón enfatizó la gravedad de las infracciones cometidas, argumentando que «resulta necesario que se ejecute la pena por el interés público en delitos de corrupción que exige la sociedad ecuatoriana, sin generar un ambiente de impunidad».
La trama del caso Sinohydro investigó una masiva red de corrupción y el pago de aproximadamente 76 millones de dólares en sobornos relacionados con la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Tras haber recibido una sentencia de primera instancia el pasado 28 de agosto, que dictó cinco años de prisión para Moreno y dos años con seis meses para varios de sus familiares como cómplices, un grupo de 12 de los 20 sentenciados buscaba eludir el ingreso a prisión sustituyendo la privación de libertad por medidas alternativas.
Las defensas técnicas basaron sus pedidos en que la reforma legal que prohíbe de forma expresa este beneficio procesal para delitos de corrupción pública entró en vigencia en febrero de 2021, con posterioridad a los hechos procesados, apelando al principio de favorabilidad y a condiciones particulares de vulnerabilidad, edad o discapacidad de los procesados. No obstante, tanto la Fiscalía como la Procuraduría General del Estado mantuvieron una postura firme exigiendo el cumplimiento íntegro de la sanción en centro carcelario.
Tras escuchar las réplicas y alegatos de todas las partes involucradas en una jornada que se extendió por más de cuatro horas, el Tribunal conformado por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga decidió suspender la diligencia. Los magistrados informaron que ingresarán a una etapa de deliberación y que notificarán oportunamente la fecha de reinstalación para dar a conocer su resolución definitiva. (I)