El bloque legislativo de la Revolución Ciudadana (RC) enfrenta una de sus crisis internas más agudas de los últimos años. Un total de 37 asambleístas de la bancada correísta han sido denunciados y enfrentarán un proceso ante el Consejo de Disciplina y Ética del movimiento político, tras haber desobedecido la directriz partidista durante la votación de la Ley de Adopciones.
La denuncia formal fue interpuesta por la propia coordinadora del bloque, la legisladora Patricia Núñez, lo que evidencia un profundo quiebre y pugna de liderazgos dentro de la principal fuerza de oposición en la Asamblea Nacional.
El origen del quiebre: la Ley de Adopciones
Los hechos se remontan a finales de julio, cuando el pleno de la Asamblea Nacional debatió el proyecto de la Ley de Adopciones, una normativa impulsada y elaborada por la Comisión de Transparencia, liderada por el oficialismo (Acción Democrática Nacional, ADN).
De acuerdo con informes internos de la bancada, el equipo de seguimiento jurídico de la Revolución Ciudadana analizó el proyecto y recomendó formalmente que el bloque adoptara una postura unificada de abstención, al considerar que existían «líneas rojas» insalvables en la propuesta. Esta decisión fue acordada en una sesión virtual interna en la que participaron al menos 38 asambleístas, y habría contado con la ratificación telefónica de la presidenta nacional del movimiento, Gabriela Rivadeneira.
Sin embargo, minutos antes de que se abriera el registro de votación electrónica el 28 de julio, se desató un desacato masivo. Varios legisladores notificaron a Núñez su cambio de postura y decidieron votar a favor del texto oficialista de ADN. Entre los parlamentarios notificados que apoyaron la ley se encuentran figuras de alto perfil mediático y político de la organización, como Pamela Aguirre, Paola Cabezas, Blasco Luna, Luis Molina, Jahiren Noriega, Mónica Palacios, Héctor Rodríguez y Franklin Samaniego.
Este masivo desmarque dejó en entredicho no solo la conducción interna de Patricia Núñez como jefa de bancada, sino también el control jerárquico que ejerce la directiva nacional de la Revolución Ciudadana sobre sus filas en el legislativo.
Posibles sanciones: desde la suspensión hasta la expulsión
Aunque en declaraciones públicas la asambleísta Núñez calificó el proceso como un «tema interno» que debe resolverse bajo las normativas orgánicas de la agrupación política, el Régimen Orgánico de la Revolución Ciudadana tipifica este tipo de indisciplina bajo la figura de faltas graves.
De ser hallados responsables de vulnerar la disciplina partidista, los 37 asambleístas procesados se exponen a severas sanciones contempladas en los estatutos del movimiento:
- Suspensión de sus derechos de afiliación por un período que va desde los seis meses hasta los dos años.
- Pérdida del derecho a postularse como candidatos por el movimiento en los próximos comicios de elección popular, así como la prohibición de ocupar cargos directivos dentro de la estructura de RC.
- Expulsión definitiva de la organización política.
Un ambiente de tensión interna
Este nuevo proceso disciplinario expone las tensiones latentes dentro del correísmo con respecto a su rol en el Parlamento y la flexibilidad de sus legisladores para votar proyectos del Ejecutivo. No es la primera vez que el Consejo de Disciplina interviene por votaciones alineadas al oficialismo; en 2024, siete asambleístas (incluyendo a Pierina Correa y Marcela Holguín) ya fueron investigados por respaldar una ley urgente de turismo promovida por el presidente Daniel Noboa.
En los próximos días, el Consejo de Disciplina de la agrupación notificará formalmente los plazos para que los 37 asambleístas señalados presenten sus pruebas de descargo, en medio de un escenario legislativo altamente fraccionado donde cada voto cuenta para las mayorías políticas del país. (I)