La Asamblea Nacional aprobó con 85 votos el informe de fiscalización a la empresa pública municipal Segura EP de Guayaquil. La resolución ordena remitir el expediente de inmediato a la Fiscalía General del Estado para investigar posibles responsabilidades penales derivadas de la existencia de una «sala espejo» clandestina.
El Origen de la Investigación
El proceso de fiscalización, liderado por la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, rastreó la instalación irregular de un punto de monitoreo o «sala espejo» en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil, específicamente en la Dirección de Aseo Cantonal. La máxima autoridad del servicio de emergencia, Juan Carlos Paladines, testificó formalmente que la entidad estatal jamás autorizó ni tenía conocimiento de esta infraestructura paralela.
Presuntos Delitos e Implicaciones Políticas
El informe legislativo determina que el sistema de videovigilancia ciudadana de los guayaquileños presuntamente se desvió para fines ajenos a la seguridad. Entre los hallazgos e indicios principales constan:
- Uso Político: Se investiga el uso de la red de cámaras para espionaje, seguimiento a rivales políticos y ataques coordinados contra el Gobierno.
- Vínculos con el Correísmo: El exdirectivo de Segura EP, Fernando Cornejo, admitió en comparecencia haber sostenido reuniones virtuales en las que participó el expresidente Rafael Correa para tratar temas de vigilancia.
- Indicios Penales: El documento aprobado identifica indicios que encajarían en los delitos de asociación ilícita, acceso no consentido a un sistema informático y tráfico de influencias.
Resoluciones y Acciones Institucionales
Con la aprobación del Pleno de la Asamblea, el caso deja el ámbito político para pasar a instancias de control técnico y judicial:
- Fiscalía General: Deberá profundizar en las investigaciones, ordenar peritajes informáticos y determinar quiénes autorizaron y operaron los accesos sin consentimiento.
- Contraloría y Superintendencia de Datos: Se les solicitó iniciar auditorías inmediatas sobre el control, custodia y trazabilidad de los datos sensibles de la ciudadanía.
- Exhorto a Segura EP: La resolución exige a la empresa municipal garantizar de forma obligatoria que cada usuario del sistema esté plenamente identificado y que todas las operaciones queden registradas de manera auditable.
Todas las entidades involucradas tienen un plazo improrrogable de 30 días para informar a la Asamblea sobre las primeras acciones adoptadas. (I)