El sistema financiero nacional enfrenta un momento de escrutinio operativo a raíz de las alertas emitidas por la comercialización presuntamente irregular (transferencias no autorizadas, de una casa de valores a otra) de títulos de deuda pública por una suma superior a los $12 millones de dólares.
Las operaciones irregulares se ejecutaron el 25 de marzo de este año y el pasado 3 de septiembre de 2026 el Comité Disciplinario de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) resolvió el caso, en el marco de un proceso disciplinario, según ha informado Expreso.
Según Expreso, la principal víctima sería la Concesionaria Norte (Conorte S.A.), propietaria de los $12,3 millones en bonos.
Estos instrumentos financieros, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para saldar compromisos con proveedores y gobiernos locales, se encontraban bajo el resguardo institucional del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador (BCE).
Los bonos del Estado son instrumentos líquidos ampliamente utilizados en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil para saldar deudas comerciales y generar liquidez inmediata mediante operaciones de descuento. La alerta surgió durante los procesos rutinarios de conciliación del BCE, donde se detectaron transferencias de dominio de bonos que no contaban con el soporte documental ni la autorización de las entidades titulares originales.
La circulación de papel comercial sin el debido registro o con irregularidades en su trazabilidad genera un perjuicio multidimensional:
- Pérdida de certidumbre para los inversionistas: Casas de valores e instituciones financieras que adquirieron estos títulos en el mercado secundario enfrentan la posibilidad de congelamiento o invalidez de las operaciones, comprometiendo su capital de trabajo.
- Distorsión en las tasas de rendimiento: La inyección no regulada o acelerada de bonos en el mercado libre deprime el precio de mercado de la deuda soberana, incrementando el descuento que deben aceptar los proveedores del Estado para transformarlos en efectivo.
- Fallas de gobernanza interna: Evidencia debilidades en los sistemas tecnológicos de autenticación de firmas y la segregación de funciones dentro de la infraestructura de custodia del Estado.
Respuesta institucional y acciones normativas
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, junto con las autoridades del Banco Central, iniciaron auditorías forenses a las cuentas de custodia del Decevale y de las intermediarias involucradas.
Asimismo, las denuncias han sido elevadas a la Fiscalía General del Estado para determinar si se trata de un esquema de desvío sistemático de activos o de un fallo grave en la custodia de custodia digital.
La junta reguladora analiza implementar exigencias de autenticación reforzada mediante tecnología de registro distribuido (blockchain) o firmantes cruzados obligatorios para cualquier traspaso de títulos sovereign mayores a $100.000.
El objetivo primordial es mitigar el riesgo reputacional del país en un momento donde la atracción de inversión privada y la emisión de deuda son pilares fundamentales para equilibrar la balanza fiscal.