Por Carlos José Jijón Jurado
Desde Londres, Reino Unido. Especial para LaRepública.
El 2025, el Gobierno ecuatoriano ejecutó 386 operativos contra la minería ilegal en el país. Estos consisten en fuerza militares desarticulando campamentos irregularidades en zonas mineras, arrestando criminales y decomisando maquinaria utilizada para esta actividad.
Los operativos, que complementan otras iniciativas institucionales para eliminar la minería ilegal, ocurren con regularidad a lo largo del país. Según el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, es la “primera vez [que] un presidente ecuatoriano le declara la guerra de frente al narcotráfico y a sus redes de financiamiento, como la minería ilegal”. “[Daniel] Noboa está haciendo lo que ningún otro mandatario en la región se ha atrevido a hacer”, dijo en una entrevista a La Hora.
La efectividad de estos operativos ha sido cuestionada por expertos. En un reporte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado publicado en 2025, la autora concluye que, en el Ecuador, “los esfuerzos de las fuerzas de seguridad han tendido a centrarse en operaciones mineras ilegales puntuales, sin abordar los factores estructurales que las alimentan”.
Y pese a que el Estado desplegó fuerzas militares en cientos de ocasiones en 2024 para combatir esta actividad, la exportación ilícita de oro generó más de USD 1.000 millones para grupos criminales ese año.
Esto no ha detenido las iniciativas del Gobierno. En 2026, fuerzas militares han realizado operativos contra la minería ilegal en Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Imbabura, Carchi, Loja y otras localidades.
Para las autoridades, estas acciones son necesarias para atacar la economía de los grupos irregulares que se benefician del comercio ilegal del oro. Para las comunidades que viven cerca de los focos de minería ilegal, la actividad militar se ha vuelto parte de la rutina. Y aunque la extracción del oro trae todo tipo de problemas como la violencia y la contaminación, las acciones del Gobierno tampoco traen alivio.
Falta de resultados
Inewe Nenquimo, originalmente de la provincia de Pastaza, es un activista dedicado a la defensa de la naturaleza y a los derechos de las comunidades indígenas. Como un miembro del pueblo waorani, gran parte de su labor está relacionada a las necesidades de este grupo.
Debido a que en Pastaza es escenario de tramas delictivas como el tráfico de combustibles y tráfico de armamento, así como la minería ilegal, las autoridades mantienen una presencia notable en la zona. Para Nenquimo, estas acciones no son adecuadas para responder a la criminalidad. “Cuando hay estos operativos, hay gente que ya avisa desde adentro”, afirma. “[Antes de un operativo] ya hay llamadas diciendo que los militares o los policías van a entrar. Obviamente si estás en un grupo armado vas a estar listo”.
La sospecha de vínculos entre autoridades, sean militares o políticas, y bandas delictivas es común. Más allá de casos mediáticos como el de Baldor Bermeo, exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez acusado de financiar a Los Lobos, la inteligencia militar sostiene que a menudo son autoridades seccionales las que se benefician de estas redes criminales.
Las FFAA también han identificado diversas tácticas utilizadas por los grupos delictivos para evadir controles. Estas incluyen el uso de señales como fuegos pirotécnicos para avisar a los mineros o el traslado de sus actividades a áreas con menor presencia policial.
“¿Está realmente el Gobierno haciendo algo? Obviamente si haces estos operativos vas a incautar y [arrestar] a uno, dos, tres, cuatro y subir a redes diciendo ‘ya no hay minería’ o ‘hemos limpiado’. Eso funciona un día o una semana, pero cuando [las autoridades se van], los mineros regresan”, dice Nenquimo.
El joven activista sostiene que una de las estrategias de los grupos delictivos es reclutar a miembros de comunidades indígenas para tramas ilegales. “Los GDO (grupos de delincuencia organizada) utilizan mucho más a los indígenas porque ellos muchas veces no conocen sus derechos constitucionales”, explica. Este tipo de prácticas le permite a las bandas delictivas evadir procesos legales y mantener un perfil bajo.
“Hemos normalizado tanto la muerte diaria”, dice Nenquimo. “Incluso en lugares en los que hay tanta seguridad siguen pasando estas cosas. Hay inseguridad, hay robos”.
Falta de confianza en las autoridades
Geovanna Posso es fundadora y coordinadora de la plataforma antirracista Esmeraldas Libre. La activista, que opera en la provincia de Esmeraldas, ha presenciado varios procesos de militarización a lo largo de múltiples administraciones de Gobierno y sostiene que, históricamente, su territorio ha sido “invisibilizado” y “marginado” a través de estas políticas estatales.
Debido a la gran presencia de grupos delictivos en Esmeraldas, fronteriza con Colombia, las acciones militares son parte de la cotidianidad en la provincia. Según un comunicado oficial de la institución: “Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes que ejecutan las Fuerzas Armadas para combatir la minería ilegal, afectar las capacidades operativas y logísticas de las estructuras vinculadas a esta actividad ilícita y fortalecer la seguridad en la provincia de Esmeraldas”.
Para Posso, esta estrategia no solo falla en detener a los grupos delictivos, sino que trae sufrimiento a los habitantes. “El militarizar lo único que genera es una violación sistemática de derechos”, afirma. “Además, genera más fricción y roce con estas otras formas de Gobierno que existen actualmente”, dice en referencia a grupos criminales que también reclaman control del territorio.
“El Gobierno quiere decirnos que su ‘Plan Fénix’ funciona cuando sabemos que es una pérdida absoluta de derechos”. En una entrevista a La República, la activista habla de numerosos casos de violencia contra personas inocentes por parte de las autoridades que no han sido propiamente documentados por miedo a represalias.
Posso cree que Esmeraldas no cuenta con los recursos o las herramientas tecnológicas para documentar estos supuestos abusos. Para ilustrar esta idea, menciona el caso ‘Las Malvinas’, en el que cuatro niños fueron detenidos por las FFAA y posteriormente asesinados en Guayaquil. El caso, que terminó en la condena de varios miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), salió a la luz en parte gracias a videos de vigilancia que documentaron parte de lo sucedido. “Lo que estamos viendo con el caso de los niños de Las Malvinas es una reproducción de algo que ya ocurre en Esmeraldas”, dice.
“Tuvimos la ventaja de que quedó registrado en el sistema de videovigilancia. Esto no ha pasado en Esmeraldas porque hay problemáticas para acceder a estos recursos tecnológicos que por suerte hubieron en Guayaquil”.
Estas denuncias coinciden con acciones de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que han expresado preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos durante los ataques a la minería ilegal en el país.
El crecimiento de la minería
“Generalmente, en la provincia de Napo no existían sucesos muy fuertes de asesinatos o peleas entre bandas. Cuando la minería llegó a la provincia, los casos de muertes conectadas a las bandas delictivas se volvieron muy frecuentes”. Este testimonio viene de Cristhian Andrade, quien pertenece a la nacionalidad Kichwa y creció en Napo. “Ya ningún lugar es muy seguro. Hay ese miedo de salir de noche”.
Pese a los esfuerzos del Gobierno, el dinero que produce la minería ilegal de oro, acompañado de prácticas como sobornos y extorsiones para evadir al sistema de Justicia, han permitido que la práctica se normalice en grandes parte del territorio nacional. Andrade, quien pertenece a la guardia indígena Yuturi Warmi, ha presenciado este fenómeno en cantones como Carlos Julio Arosemena Tola, donde el incremento de la violencia es notorio.
“Esto ha afectado mucho a la juventud. Los jóvenes ahora solo piensan en el dinero rápido y las bandas aprovechan para engancharlos”, cuenta. “Les dicen ‘con la moto, vigila que los policías o los militares no vengan cerca a las mineras”. Andrade afirma que, en su vida diaria, observa con frecuencia a jóvenes cooperando con la minería ilegal. “Contratan a estas personas que manejan las motos y las excavadoras, les ayudan a bajar los combustibles. Ha llegado a afectar un montón. Tena era una ciudad tranquila hace unos años. Luego empezaron las vacunas, las muertes violentas, secuestro y todo eso”.
Sobre la actuación de las FFAA en Napo, Andrade admite no haber presenciado mayores actividades contra la minería ilegal más allá de los comunicados del Gobierno. “Lo único que escucho es ‘en tal campamento se destruyeron dos maquinarias y dos o tres personas fueron arrestadas’”, dice. En su opinión, las fuerzas de seguridad son efectivas cuando se trata de iniciativas del Gobierno, pero no traen seguridad a activistas como él, que enfrentan amenazas de grupos delictivos por oponerse al extractivismo.
“Tanto las fuerzas militares o policiales no se han hecho presentes, solo cuando el Gobierno les dice o les da una orden. Cuando el Gobierno da la orden, atienden el llamado, pero cuando se viene luchando con procesos pacíficos o llamando a las autoridades, no están presentes”.
Tanto Cristhian Andrade como Inewe Nenquimo creen que la normalización de la minería en la zona amenaza la forma de vida de las poblaciones indígenas. La extracción del oro, por ejemplo, requiere el uso de sustancias tóxicas como el mercurio, que es desechado en ríos, afectando a la agricultura local. De la misma manera, la irrupción de mineros en zonas aisladas ahuyenta a los animales, dificultando la caza y obligando a las comunidades locales a buscar otras formas de subsistencia. Esta necesidad, a su vez, los vuelve blancos de los grupos delictivos que ofrecen empleo y dinero fácil.
Andrade creció en una comunidad en la que se le inculcó el valor de proteger la naturaleza. Sin embargo, él admite que muchas personas en su comunidad no comparten esos ideales. “Obviamente no vamos a dejar de luchar, pero hay gente muy desinformada. No quieren cuidar el planeta o se ven en necesidad de decir ‘voy a unirme a esta banda porque sé que me va a dar plata para el hoy’, pero no piensan en el mañana”.
“Yo tuve la suerte de criarme en esa comunidad con mi abuelita que me dijo, ‘mijo, cuide el río y cuide a los árboles, que nos ayudan”, cuenta. “He tenido posibilidades de viajar a la capital y a otras ciudades. Otra gente no tuvo este chance porque no hay dinero y, ¿qué les queda? Solamente piensan en el dinero para hoy porque así es como siempre han tenido que vivir. Piensan, ‘bueno, me voy a hacer minero. No hay de otra. No hay trabajo. ¿Qué más me queda que aceptar?”
Por Carlos Jijón Jurado