El escenario político en Ecuador experimenta una nueva sacudida tras confirmarse que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha ratificado la inadmisión y el rechazo de importantes candidaturas respaldadas por la Revolución Ciudadana (RC5). El fallo agrava la crisis del movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, el cual ya arrastra una severa inhabilitación institucional.
El origen de la crisis: la suspensión de la RC5
El principal obstáculo estructural de la agrupación radica en que el TCE ordenó la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Revolución Ciudadana del Registro de Organizaciones Políticas. La medida se dictó a raíz de una investigación de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos en el denominado caso “Caja Chica”. Esta suspensión impide al correísmo inscribir candidatos bajo su propio casillero o sellar alianzas formales, obligando a sus figuras a buscar espacio como invitados en otras tiendas políticas.
El revés definitivo en el TCE: el caso de Luisa González
Ante la suspensión de su partido, la dirigencia buscó alternativas en otras plataformas. Sin embargo, el golpe definitivo llegó desde el Pleno del TCE, que negó los recursos de impugnación e impidió formalmente la postulación de Luisa González (presidenta nacional de la RC5) a la Prefectura de Manabí.
González pretendía correr auspiciada por el movimiento de unidad plurinacional Pachakutik. No obstante, con cinco votos a favor, el tribunal determinó que la postulación violaba el régimen orgánico interno de dicha organización, el cual exige a cualquier candidato un mínimo de dos años de pertenencia activa antes de la definición de candidaturas. El TCE aclaró que esta normativa interna no es una restricción ilegítima, sino un requisito estructural que debe cumplirse de manera obligatoria. [1]
A este revés se sumó el rechazo de las candidaturas de otras figuras afines al correísmo en la misma provincia costera, como el exasambleísta Jaime Estrada, cuya inscripción también quedó fuera del proceso electoral. [1, 2]
Denuncias de la dirigencia y llamado al voto nulo
La reacción de la cúpula de la Revolución Ciudadana no se hizo esperar. Luisa González calificó el fallo como parte de una «dictadura y un fraude» encabezado por el gobierno actual. Por su parte, la dirigencia nacional tildó la decisión de «ilegal e ilegítima» y denunció que se eliminó a los contendores con argumentos absurdos por el «miedo que le tienen al pueblo» en Manabí, considerado históricamente el bastión electoral del correísmo.
Ante la imposibilidad de revertir la sentencia del TCE, algunos líderes del movimiento han comenzado a llamar al voto nulo en las jurisdicciones donde fueron descalificados, mientras buscan a contrarreloj salvar la presencia de la marca política mediante otros partidos nacionales alternativos que sí se encuentren habilitados en la papeleta. (I)